El Gobierno ignora la recomendación del Consejo de Estado y aprueba el proyecto del nuevo texto El Gobierno ignoró finalmente la recomendación del Consejo de Estado y aprobó el proyecto de reforma de la Ley de Partidos con la disposición que permite la aplicación retroactiva de la norma. Los cambios introducidos en el texto son mínimos, limitados a cuestiones gramaticales y precisiones jurídicas. El ministro de Justicia, Ángel Acebes, se mostró dispuesto a aceptar en el Parlamento los cambios «técnicos» que propongan los socialistas, pero no a modificar los aspectos «esenciales» del proyecto.
19 abr 2002 . Actualizado a las 07:00 h.«La constitución, en fecha inmediatamente anterior o posterior a la entrada en vigor de la presente ley orgánica, de un partido político que continúe o suceda la actividad de otro ya inscrito, realizada con la intención fraudulenta de evitar la aplicación a éste de las disposiciones de esta ley, no impedirá dicha aplicación», señala la disposición transitoria. Es decir, que si un partido, Batasuna en este caso, cambia de nombre para soslayar la ley, se podrá pedir su ilegalización por la actividad previa al cambio de denominación. Esta lectura es la que lleva a sostener que la ley abre la puerta a su aplicación retroactiva. El ministro se negó a plantearse siquiera la supresión de esta disposición porque sería «un error», ya que dejaría el terreno abonado a Batasuna para un cambio de nombre. El texto se remitirá el lunes al Congreso, será calificado por la Mesa el martes y se abrirá un plazo de 15 días para las enmiendas a la totalidad. El primer debate en pleno se celebrará la segunda o tercera semana mayo y luego pasará a comisión para estudiar las enmiendas parciales. El Gobierno de José María Aznar calcula que la ley, que deberá ser sancionada por el Senado, se aprobará en septiembre u octubre, tras el parón veraniego. De otro lado, la Fiscalía del País Vasco presentó una querella criminal contra el parlamentario de Batasuna Jon Salaberria por un delito de exaltación del terrorismo. Salaberria aseguró en la Cámara de Vitoria que la lucha armada de ETA supone una defensa de «derechos legítimos» del pueblo vasco.