Otra de las sugerencias de la Inspección pasa por restringir el acceso a las oficinas judiciales, incluso con la prohibición de entrada a «particulares y profesionales» sin una autorización previa. Esta idea, que busca evitar también la sustracción «distraída» de los sumarios o su deterioro con revisiones incontroladas de documentos por los abogados, se complementaría con la dotación a cada funcionario de una tarjeta magnética personalizada, que permitiría saber qué personas y en qué momento entran y salen del juzgado. Algo similar se haría con el sistema informático, donde se generalizarían las claves individuales de acceso a cada ordenador. El problema de la seguridad en las sedes de los tribunales españoles saltó al primer plano de la actualidad en agosto de 2001, tras el descubrimiento del robo (parcial o total) de una decena de sumarios en tres juzgados de Marbella, la mayoría vinculados al alcalde, Jesús Gil. La investigación, que exculpó a los titulares de esos órganos pero expedientó a sus secretarios, apuntó a un funcionario como protagonista de las sustracciones, pero éste se suicidó antes de que pudiera descubrirse toda la verdad de lo ocurrido. La magistrada que dirigió las pesquisas archivó el caso el pasado mes de diciembre por falta de pruebas.