Detenidos en el País Vasco y Navarra doce miembros de la organización radical El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó la noche del jueves la detención de doce miembros de la cúpula de Segi por considerar que esta organización juvenil radical es la «cantera de militantes» de ETA. Garzón les acusa de ser los «inductores» de todos los actos de violencia callejera en el País Vasco y Navarra durante las «jornadas de lucha» convocadas desde el nacimiento de Segi, el 14 de junio de 2001. Los sabotajes han provocado daños por valor de más de 18.165.000 euros.
09 mar 2002 . Actualizado a las 06:00 h.La operación antiterrorista, que se prolongó a lo largo de la madrugada de ayer en las tres provincias vascas y Navarra, es consecuencia directa de la ilegalización de las actividades de Segi y Askatasuna, decretada el pasado 5 de febrero en el marco de las investigaciones que Garzón comenzó en 1998 contra el supuesto «entramado legal» que sustenta a la banda terrorista. Más de 200 agentes de la Policía Nacional, muchos de ellos llegados de otras comunidades, participaron en el despliegue, coordinado por el propio magistrado y el director general del Cuerpo, Juan Cotino. En los planes de Garzón estaban los registros de hasta 22 inmuebles, por lo que a los policías tuvieron que sumarse funcionarios de la Audiencia Nacional y de diferentes juzgados de guardia para levantar las actas. Los funcionarios registraron cuatro sedes provinciales de Segi y cinco herriko tabernas (bares de Batasuna): dos en San Sebastián, otras dos en Bilbao y la última en Vitoria. Según Interior, estos locales «ocultaban documentación interna y distintos materiales» que están siendo estudiados. Detenido dos veces en dos días Uno de los arrestados, Asier Iñigo Eguizurain, había sido detenido el pasado miércoles, acusado por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios de pertenecer a un grupo Y de apoyo de ETA en Vizcaya. Justo cuando Asier Iñigo salía ayer en libertad tras prestar declaración ante la magistrado Palacios, fue arrestado de nuevo por funcionarios de policía en los pasillos del tribunal por orden de Garzón. El juez de la Audiencia Nacional considera que Segi no tiene diferencia alguna con sus antecesoras, las ilegalizadas Jarrai y Haika, de las que es simple «sucedáneo» tras haber pasado por una «operación cosmética». Acusa a los detenidos de promover en los últimos nueve meses un total de 46 ataques contra bienes de titularidad pública y privada, por valor de más de 18.165.000 euros. El pasado mes de febrero el instructor subrayaba que «conviene resaltar que no se investigan unas siglas u otras», sino un «conjunto de personas que pretenden realizar exactamente la misma actividad delictiva ¿que Jarrai y Haika¿». Garzón cree que sus fines son organizar «formas complementarias de la lucha armada». El ministro del Interior, Mariano Rajoy, fue más directo y tildó ayer a Segi de «banda terrorista». Según el vicepresidente, las investigaciones policiales y judiciales han desvelado que las acciones de la red juvenil se llevan a cabo «bajo la dependencia estructural y funcional de ETA-EKIN». «La iniciación de los jóvenes en este tipo de actividades genera una cantera de la que normalmente se nutren las filas de los propios comandos de ETA», aseguró Rajoy.