La asociación Francisco de Vitoria califica la oferta de «inaceptable» La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el colectivo progresista Jueces para la Democracia (JpD), que representan a más de un tercio de la carrera judicial, han alcanzado un «principio de acuerdo» con el Gobierno para aceptar su propuesta salarial. Sin embargo, el plan gubernamental, que prevé subidas de entre el 9 y el 20% de los salarios base, ha sido calificado de «inaceptable» por la tercera asociación, Francisco de Vitoria, que fue apartada de la última negociación.
08 feb 2002 . Actualizado a las 06:00 h.La conformidad con las cifras ofrecidas por el departamento que dirige el ministro Ángel Acebes es casi plena en el caso de APM y JpD -que representan a unos 1.400 jueces-, aunque según sus interlocutores aún no se ha firmado el documento definitivo. Dichas fuentes precisaron que desde el Ministerio de Justicia se pretende que el acuerdo sea global, y no sólo con la conformidad de una parte de los representantes de la carrera judicial. En cualquier caso, los colectivos conservador y progresista creen que la propuesta del Ejecutivo es «razonable» y «positiva», pese a reconocer que no alcanza el 18% de pérdida de su poder adquisitivo desde 1989, reconocido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los negociadores del Ministerio consiguieron el visto bueno de ambas asociaciones el pasado miércoles, en una reunión privada a la que no fue convocada el colectivo judicial Francisco de Vitoria -con cerca de 400 miembros-, que durante las conversaciones iniciadas hace más de tres años se ha mostrado siempre como la más crítica a los planes gubernamentales. El pasado 30 de enero, tras los últimos cambios hechos en su propuesta por Justicia, esa asociación se planteó abandonar la mesa de diálogo, aunque no llegó a adoptar esta medida a la espera de consultar a sus afiliados. Sin efectos retroactivos Con este panorama, las otras dos asociaciones se comprometieron a aceptar la Ley de Retribuciones ofrecida por el departamento de Ángel Acebes, que lograría así resolver una situación que empantanó su antecesora, la ex-ministra Margarita Mariscal de Gante. La tramitación parlamentaría del texto, que no tendría efectos retroactivos, se podría iniciar antes del próximo verano. Sin embargo, desde la asociación de jueces Francisco de Vitoria se critica que ahora les ofrezcan un acuerdo «cerrado y sin ningún tipo de margen de negociación», así como que no se haya previsto algún tipo de consulta a los más de 2.000 integrantes de la judicatura que no están afiliados a ninguna de las tres asociaciones que existen. La propuesta básica del Gobierno establece unas subidas salariales de entre el 9 y el 14% para los titulares de órganos unipersonales (juzgados), y del 13 hasta el 20% para los colegiados (Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia). Los mayores aumentos estarían vinculados a los conceptos de productividad -que hasta ahora se habían traducido en forma de módulos cuantitativos- y calidad en el trabajo. Estos dos parámetros serían controlados por una comisión mixta en la que estarían representados el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, y el Judicial, mediante el Consejo General del Poder Judicial.