Sindicatos y partidos de izquierda denuncian que Hacienda les impide recuperar los bienes incautados durante el golpe militar franquista Si las indemnizaciones de la catástrofe del «Urquiola» tardaron veinte años en cobrarse, las de la Guerra Civil podrían tardar un siglo, piensan algunos dirigentes de partidos de izquierda y nacionalistas que ven como Hacienda rechaza cientos de peticiones de devolución de los bienes incautados durante la contienda bélica. Lo más irónico es que los documentos de propiedad fueron destruidos por el franquismo, o por los propios republicanos cuando comenzó su persecución el 18 de julio de 1936. A pesar de la intención de la ley de 1998, son las complicaciones legales y la falta de voluntad las que impiden su cumplimiento efectivo.
23 jul 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Una ley de 1998 obligaba al Gobierno a devolver los bienes incautados por la dictadura, o compensar por su perdida a los partidos políticos víctimas de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. El subsecretario de Hacienda, Rafael Catalá, ha manifestado recientemente que, aun siendo consciente de que muchos documentos fueron quemados durante la guerra, bien por los propios franquistas o por los republicanos en su huida, «no se pueden abonar millones de pesetas de las arcas del Estado por simples testimonios o recortes de periódicos». Respecto a los partidos afectados, en primer lugar está Esquerra Republicana de Catalunya, con 1.592 reclamaciones. Le sigue el PSOE, con 535; el PNV, con 21; y el PCE, con 20. Otro partido de la época, como Izquierda Republicana, integrado en Izquierda Unida, ha unido sus reclamaciones al PCE. El Ministerio de Hacienda sólo ha resuelto a favor un escaso número de reclamaciones; de las 535 del PSOE sólo se han admitido 15. En cuanto a sindicatos, hay que destacar que en 1986 ya se restituyeron a UGT 4.144 millones de pesetas (por 492 edificios) y a la CNT 248 millones (por 40 edificios). Respecto a Galicia, puede citarse la recuperación del edificio de la UGT (o Casa del Pueblo) de Vigo, en la calle García Barbón, igual que la Casa de las Cigarreras en A Coruña, aunque era reclamada por la Unión Tabacalera, de Severino Chacón, vinculado con UGT. Este edificio había sido objeto de permuta por el Ayuntamiento con la Delegación de los Sindicatos, en Pardo Bazán. Esto aparte de las reclamaciones de la Masonería, cuyas logias y bienes fueron incautados y sus miembros fusilados o encarcelados y sancionados. En Galicia había ocho logias (dos en A Coruña y una en Lugo, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Ourense y Santiago). Paralelo a las reclamaciones generales han corrido las particulares. Familiares de personajes como el socialista Juan Negrín, jefe del Gobierno hasta el fin de la guerra, fueron indemnizados a comienzos de los 80 con 200 millones de pesetas. A la familia del ex-ministro Indalecio Prieto, también del PSOE, se le indemnizó por las propiedades que tenían en Vizcaya (como la sede el diario El Liberal). Ahora, el Ayuntamiento coruñés va a devolver la casa de Santiago Casares, ex-jefe de Gobierno, a su nieta. Otra reclamación importante fue la de la familia del ex-presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que pidió al Estado en 1998 la devolución de la multa de seis millones de pesetas impuesta tras la Guerra Civil y que, con los intereses acumulados, estimaban en mil millones de pesetas.