El miércoles fueron los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo quienes quitaron la razón al Fiscal General del Estado e imputaron a Josep Piqué por el «caso Ercros». Ayer, Jesús Cardenal se volvió a llevar un «revolcón» judicial. La Junta General de Fiscales se negó a estudiar el caso. Dicen que todo está claro y los fiscales de la sección son suficientemente competentes.
21 jun 2001 . Actualizado a las 07:00 h.La convocatoria de la Junta General de Fiscales del Tribunal Supremo era la penúltima bala que restaba en el cargador de Cardenal en su empeño porque el ministro de Exteriores no tenga que sentarse en el banquillo. Sus miembros, sin embargo, decidieron suspender la convocatoria, después de una votación que Cardenal exigió agarrándose a una norma del año 1969. Los fiscales descartaron manifestarse sobre el asunto Piqué por dos motivos. De un lado, mostraron su incapacidad para estudiar en sólo una semana una causa que el fiscal Bartolomé Vargas lleva investigando desde 1998. Además, reconocieron su falta de conocimientos para corregir a la Sección de lo Penal un tema precisamente penal, teniendo en cuenta que muchos de ellos son expertos en derecho civil, administrativo o militar. Última oportunidad El último as que resta en la manga de Cardenal es la Junta de Fiscales de Sala, que se reunirá la próxima semana a petición suya. En cualquier caso, ni las decisiones de este organismo ni las de la Junta General de Fiscales son vinculantes, por lo que Cardenal tiene la última palabra. El Fiscal General quiere, eso sí, contar con alguna opinión favorable antes de tomar la decisión de si pide o no al Tribunal Supremo la imputación de Josep Piqué. Si esto no sucede el próximo jueves, Cardenal decidirá en solitario.