Enrique Fernández-Miranda y Lozana, delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración Enrique Fernández-Miranda defendió ayer rotundamente la iniciativa del Gobierno para enviar inmigrantes ecuatorianos de vuelta a su país y traerles de nuevo a España. En su intervención en el foro «Voces de Actualidad», que organizan la Fundación Fernández Latorre, La Voz de Galicia y Onda Cero, aseguró que, gracias a esa medida, 25.000 personas de ese país sudamericano habían quedado liberadas «de la explotación». El delegado del Gobierno para la Extranjería insiste en que no se han negado derechos a los «sin papeles», sino que se han regulado, de la misma manera que se les regulan a los españoles.
30 mar 2001 . Actualizado a las 07:00 h.«España quiere seguir siendo un país de inmigración», aseguró de forma insistende Enrique Fernández-Miranda en el Café Moderno de Caixa Galicia, en Pontevedra, donde se celebró el foro del Grupo Voz. -¿Por qué cambió el Gobierno la ley de Extranjería en menos de un año? -La ley quiere fundamentalmente cambiar la cultura de la inmigración en España. El objetivo era ordenar los flujos migratorios y combatir la inmigración irregular, las situaciones de pobreza y explotación. Lo que queríamos era que los inmigrantes vengan con el contrato debajo del brazo. -¿Cuál es la modificación principal? -La filosofía era hasta ahora decir: «Vete a España que ya se te arreglarán los papeles». Y ahora es que vengan con todas las garantías de su contrato. Creo que es un error abrir las puertas de forma anárquica. -¿Por qué se niegan derechos constitucionales a los «sin papeles»? -No se han prohibido. Lo que hace la ley es simplemente regular su ejercicio. Por poner un ejemplo, cualquier español mayor de edad puede votar, pero no puede hacerlo si no está censado, y nadie dice que eso es inconstitucional. Lo mismo sucede con los derechos sociales: regulamos quién y cómo los pueden ejercer. -¿Por qué devolver a los ecuatorianos a su país para luego traerles a España? -En febrero padecimos un acontecimiento dramático: la muerte de doce ecuatorianos arrollados por un paso a nivel. Se puso de manifiesto que había un grupo de personas de Ecuador en situación irregular y de extrema vulnerabilidad. Les ofrecimos ayuda, y se apuntaron 25.000. Es un éxito el acuerdo con Ecuador, porque hemos sido capaces de sacarles de la explotación y van a ser ciudadanos de primera.