El Gobierno dice ahora que la sentencia no afecta a los funcionarios de las autonomías
ESPAÑA
CC OO considera que la Audiencia Nacional extiende la descongelación salarial a todos los empleados públicos Catorce nuevas palabras de la sala de lo contencioso administrativo, sección sexta, de la Audiencia Nacional, y el caso de la descongelación de los salarios de los funcionarios de 1997 ha vuelto a explotar. De nuevo, las interpretaciones de unos y otros son dispares. Pero el Gobierno ha visto la puerta abierta a una sustancial disminución de la gravedad del problema: sólo tendría que pagar atrasos a los funcionarios de la administración del Estado y éstos pagos no superarían los 250.000 millones de pesetas. CC OO entiende que deben recibir atrasos desde 1997 tanto los funcionarios como el personal laboral.
01 feb 2001 . Actualizado a las 06:00 h.La Federación de Enseñanza de CC OO pidió a la Audiencia que aclarara si la anulación de la congelación salarial alcanzaba sólo a los funcionarios -término utilizado en la sentencia- o también al personal laboral y estatutario de las administraciones públicas. La respuesta del tribunal es seca: «No ha lugar a aclarar la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2000» (el fallo no fue comunicado hasta el pasado 23 de enero). La Audiencia explica que lo dicho en su día es claro. Y lo dicho en su día es que la anulación de la congelación salarial del 97 afecta directamente a los trabajadores, incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo sobre retribuciones que en su día firmaron los sindicatos con el último Gobierno del PSOE. Esto es: «personal al servicio de la Administración Civil del Estado, de sus organismos autónomos, de la administración de la Seguridad Social y entes públicos representados en la Mesa General de la Administración». Discrepancias Tras conocerse el auto de la Audiencia, las dos partes afectadas sacaron ayer sus conclusiones. CC OO entiende que deben recibir atrasos desde 1997 tanto los funcionarios como el personal laboral. El Ministerio de Administraciones Públicas, por su parte, señaló que «el problema no es distinguir entre funcionarios y personal laboral, sino entre empleados de la administración del Estado y de las administraciones locales y autonómicas». Porque sólo los primeros, los únicos mencionados en la sentencia, tendrían derecho a cobrar la subida salarial que en su día se les negó. Así, la sentencia costaría 250.000 millones de pesetas, según fuentes no oficiales.