A seis días de su entrada en vigor, en la mayoría de las comunidades no hay plazas para acoger a los jóvenes que llegarán de las prisiones El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, advirtió ayer de los riesgos de hacinamiento que se pueden producir en los centros si se pretende cumplir la nueva normativa de la Ley del Menor sin los medios e infraestructuras que se requieren para ello. A seis días de la entrada en vigor de la nueva ley, Urra cree que «quitando Cataluña y el País Vasco, en el resto de las comunidades no hay centros suficientes para acoger a los chavales que deben ser trasladados de las cárceles a centros especiales para menores». Galicia, una de las comunidades con más menores infractores, estaría en esta situación.
04 ene 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Las comunidades han calculado que tendrán que acoger a un millar de jóvenes procedentes de prisiones. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias asegura que sólo son 90 los jóvenes que van a cambiar la prisión por el reformatorio. En cualquier caso, las autonomías deben asumir la custodia y manutención de los menores infractores en centros nuevos o en los antiguos reformatorias debidamente acondicionados. Según los datos que maneja el Defensor del Menor, en la Comunidad de Madrid, hay plazas «más que de sobra» para jóvenes entre 12 y 16 años, los que según la legislación vigente deben permanecer en este tipo de centros. Sin embargo, ahora se internará también en ellos a adolescentes de 14 a 18 años, y dentro de dos años a los de 18 y 21, jóvenes para los que «no hay plazas suficientes». «La comunidad ha puesto 8.000 millones de pesetas sobre la mesa, pero se tarda en edificar uno o dos años. ¿Qué va a ocurrir entre tanto con los muchachos que están en estos momentos en prisión?», manifestó Urra a Onda Cero, que cree que es el Ministerio Fiscal quien tiene que «valorar» estas situaciones ante el «riesgo de hacinamiento y de falta de medios». Pese a las deficiencias de medios para su aplicación, Urra calificó de «magnífica» la nueva Ley del Menor ya que considera «fundamental» adoptar medidas alternativas al internamiento. «Si un niño rompe una farola tendrá que arreglarla para eso necesitará ir a un centro de día y tener allí un tutor», concluyó Urra. El Ministerio de Justicia asegura que ya ha invertido 4.400 millones para la entrada en vigor de la ley del Menor, cantidad a la que hay que sumar el dinero invertido por las comunidades, otros 3.000 millones. Pero estas cifras no casan, porque Andalucía, Madrid y País Vasco aseguran que en conjunto sus respectivos Ejecutivos han gastado ya más de 14.000 millones para afrontar la entrada en vigor de la ley.