La lotería del miedo

JOAQUIM MIGUEL. Colpisa BARCELONA

ESPAÑA

El atentado de Terrassa hace trizas la confianza de los ediles catalanes en que «a mí no me va a tocar» «Nunca nos hubiéramos esperado que llegarían a un pueblo tan pequeño», confiesa un edil socialista de Viladecavalls, compañero de consistorio de Francisco Cano, asesinado el jueves por ETA. El convencimiento de que «a mí no me va a tocar» hacía hasta ahora que los concejales populares y socialistas de pequeñas poblaciones catalanas relajaran sus medidas de seguridad. Todo ha cambiado con el último atentado.

16 dic 2000 . Actualizado a las 06:00 h.

Un concejal catalán reconoce que «nos llegábamos a tomar a broma» las normas de los manuales de autoprotección que recibieron ante la imposibilidad de ser dotados de escolta. Hacer todo lo que les proponían los expertos policiales sería «un sin vivir» y, además, el riesgo de convertirse en objetivo de ETA aparentaba ser muy remoto. Ahora todo es diferente. La bomba que destrozó en su furgoneta a Francisco Cano ha hecho también trizas la confianza de los 500 concejales del PP en Cataluña, especialmente los de pequeñas poblaciones, donde ni siquiera los regidores tienen guardaespaldas. Muchos cargos públicos son reacios ahora a aparecer en los medios de comunicación. Temerosos y abatidos, piden que se oculte su nombre verdadero e incluso la localidad de la que son representantes, algo que podría resultar una valiosa pista para unos asesinos en busca de nuevas víctimas. Uno de los pocos que no teme hablar sin ocultar su identidad es José Manuel Peña, concejal de Llinars del Vallés (Barcelona), una localidad de 6.000 habitantes. Peña, de 51 años, casado y con dos hijos, es regidor desde hace poco más de un año. Reconoce que, hasta ahora, «no éramos conscientes del riesgo que corremos». Sus familias les piden que lo dejen, pero, a pesar de esta presión y del riesgo que corren, sólo se ha registrado una dimisión desde que ETA comenzó su campaña de atentados. Fue un regidor de Alella, una localidad vitivinícola de 8.000 habitantes al norte de Barcelona, que no pudo resistir la tensión tras el asesinato del edil popular José Luis Ruiz Casado, el 21 de setiembre, en San Adrián de Besós. Pero «darnos escolta a todos es imposible, y mantener las medidas de autoprotección las 24 horas del día, también», por lo que, constata a su pesar un edil, «si quieren ir a por ti, no hay nada que hacer».