Familiares de las 87 víctimas realizaron ayer, al cumplirse cuatro años de la riada, una ofrenda floral Coincidiendo con el cuarto aniversario de la tragedia del cámping Las Nieves de Biescas, los afectados anunciaron ayer que recurrirán al Tribunal Constitucional y retomarán la vía contencioso-administrativa. A mediados del pasado mes de julio, la Audiencia de Huesca ratificó el archivo provisional de la causa penal, así como la no existencia de responsabilidad alguna por parte de altos cargos de la Diputación General de Aragón y de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
07 ago 2000 . Actualizado a las 07:00 h.El archivo de la causa ha provocado la indignación de los afectados, y algunos de ellos, como en aniversarios anteriores, se desplazaron ayer hasta el lugar siniestrado para depositar flores en recuerdo de los familiares y amigos que perecieron en «Las Nieves» el 7 de agosto de 1996. Esa tarde, una fuerte tromba arrasó la zona de acampada y dejó tras de sí 87 muertos, numeros heridos y pérdidas multimillonarias en infraestructuras y daños materiales. Elena Melero, una de las letradas de la acusación particular, explicó que «presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto de la Audiencia de Huesca, que, sin juzgar, niega a los afectados el acceso a un proceso donde puedan aportarse pruebas. Si hace falta llegaremos al Tribunal de Estrasburgo». La vida de 87 personas Además, entiende que «es obligado, sobre todo por las víctimas, acudir al Tribunal Constitucional, ya que es indignante pensar que la vida de 87 personas vale tan poco». En su opinión, el archivo de la causa supone «un quebrantamiento del Estado de derecho y deniega la tutela judicial efectiva, ya que parece que nadie tiene responsabidad en la muerte de esas personas, cuando existen informes que indican que la ubicación del cámping no era la correcta». El letrado Joaquín Arcas, que también representa a varios afectados, dijo que «tenemos la ventaja de que contamos con las pruebas que se van a aportar». La acusación particular inició en octubre de 1988 un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el que reclaman a la Diputación General de Aragón más de 3.500 millones de pesetas por autorizar la ubicación del cámping en el cono de deyección de un barranco. De forma simultánea, los abogados interpusieron otra reclamación de indemnizaciones a la Confederación Hidrógrafica del Ebro.