El Tribunal Constitucional cumple 20 años con 4.500 causas pendientes de resolver

AGENCIAS MADRID

ESPAÑA

PINTO & CHINTO

El Rey afirma que el terrorismo es «la negación más brutal de los derechos de los ciudadanos» Casi 4.500 causas pendientes de resolver se amontonan en los despachos del Tribunal Constitucional, que ayer celebró su vigésimo aniversario. El Rey destacó en su intervención que el terrorismo es «la negación más brutal de los derechos de los ciudadanos» y el presidente del alto tribunal, Pedro Cruz Villalón, pidió al Gobierno y a las comunidades autónomas que reduzcan el número de conflictos de competencias que elevan ante esta institución para ayudar a eliminar el atasco existente.

04 jul 2000 . Actualizado a las 07:00 h.

Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía presidieron ayer la ceremonia del vigésimo aniversario del Tribunal Constitucional, acompañados por el actual presidente del alto tribunal, Pedro Cruz Villalón. «El terrorismo es la negación más brutal de los derechos fundamentales de los ciudadanos», señaló don Juan Carlos, que recordó, en su intervención, la ausencia del catedrático Francisco Tomás y Valiente, ex-presidente de la institución asesinado por ETA. Entre los asistentes al acto, una nutrida representación de los tres poderes del Estado y de las instituciones autonómicas, como el lehendakari Juan José Ibarretxe o el presidente de la Xunta, Manuel Fraga. El presidente del Tribunal Constitucional destacó que desde el 26 de enero de 1981, fecha de en que se dictó la primera sentencia, el alto tribunal ha fallado en 4.000 casos, aunque no ocultó el enorme volumen de trabajo que soporta la institución. Ejemplo de ello, las casi 4.500 causas pendientes de resolver que se amontonan en los despachos. Cruz Villalón recordó que a lo largo de estos años, el Constitucional «ha debido proyectar gran parte de sus energías en la delimitación del contenido de las competencias del Estado y las comunidades autónomas» (más de setecientos asuntos de ese tipo resueltos) y pidió al Gobierno y a las autonomías que limiten el número de conflictos que elevan al alto tribunal para ayudar a reducir el atasco existente.