El país dejará de ser un «santuario» para los dirigentes etarras El ministro belga de Justicia, Mark Verbilgen, comunicó ayer oficialmente al titular de Interior español, Jaime Mayor Oreja, que tiene la «firme intención» de ratificar el acuerdo europeo de extradición antes de que finalice la actual legislatura, en el año 2003. Bélgica dejará así de ser un santuario para los terroristas de ETA, cuya dirección ha decidido refugiarse en ese país tras el acoso al que se han visto sometidos los activistas de la banda por parte de las fuerzas de seguridad francesas.
29 jun 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Con esa y otras medidas, casi todas de orden policial, el Ejecutivo belga trata de poner fin a la relativa libertad de movimientos de que ha gozado y todavía goza un número jamás cuantificado de militantes y dirigentes etarras en el territorio belga. En al menos una decena de ocasiones personas huidas de España acusadas de perpetrar acciones violentas o colaborar con sus autores han obtenido el permiso de residencia en Bélgica alegando razones políticas. Aunque desde los años 80 ese argumento no ha sido finalmente ratificado por el poder judicial ni el ejecutivo, los demandantes de asilo o residencia se han visto favorecidos por el complejo entramado legal y administrativo belga, pues los etarras _presuntos o convictos_ casi siempre han obtenido autorización para entrar en el país y permanecer provisionalmente en el territorio. En al menos cuatro casos los presuntos etarras también se han beneficiado de la tardanza o de los errores que han acusado las demandas de extradición o las órdenes de búsqueda y captura formuladas desde España. Estas situaciones casi siempre son fruto de la ausencia de armonización _incluso procedimiental_ que caracteriza las relaciones judiciales y policiales entre los países socios de la Comunidad Europea. El compromiso adquirido ayer por el Gobierno belga todavía debe ser consensuado en el Parlamento Federal, entre todas las fuerzas políticas del país, amén de que deberá ser tratado por el Consejo de Estado, la máxima institución judicial del país. No obstante, «la colaboración policial ya existe, pero será incrementada y sistematizada», puntualizaron ayer las mismas fuentes bruselenses.