La música suena bien, pero de la letra nada se sabe. A primera vista, puede parecer una buena idea que las personas que libremente decidan prologar su vida laboral puedan hacerlo y reciban por ello un premio. Porque, de paso, la Seguridad Social, cuya hucha mengua a pasos agigantados, se ahorra el pago de unas pensiones. Lo malo es que desconocemos la letra pequeña. Y sin ella poco se puede debatir sobre una medida de importante calado, tanto para la vida de las personas como para las arcas públicas. Va en la misma línea de hurtar, en plena campaña, el debate de las cosas que nos importan. Y de sortear el Pacto de Toledo, aquel que incluía el compromiso de no recurrir a las pensiones como arma electoral. En realidad, poco se puede decir de una promesa que más allá de lo que tiene de subasta electoralista poco se sabe. Y lo que se intuye no es bueno. En un país en el que la edad de jubilación real sigue siendo inferior a la oficial, la medida afectaría básicamente a dos extremos. De un lado, a trabajadores cuya pensión solo les da para malvivir y que, por lo tanto, se verán obligados a prolongar su vida laboral por necesidad. Es lo que ocurre en Alemania, donde el recorte de las pensiones está obligando a muchos jubilados a recurrir a minitrabajos para sobrevivir. En el otro extremo, los beneficiados, quienes con buenos empleos y mejores sueldos encuentran una vía para eludir a Hacienda. Si ya el IRPF ha quedado reducido a un impuesto sobre el trabajo, la propuesta de Rajoy puede trasladar esa discriminación más allá de la edad de jubilación, de modo que el grueso de los pensionistas tribute y una minoría con más ingresos no contribuya nada.