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Los sindicatos denuncian el incumplimiento del acuerdo de Educación ante la Valedora

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

EDUCACIÓN

Los representantes de los sindicatos firmantes del acuerdo, ante la oficina de la Valedora do Pobo. De izquierda a derecha: Julio Díaz (ANPE), Borja Campos (CC.OO.) y Sandra Montero (UGT-SP)
Los representantes de los sindicatos firmantes del acuerdo, ante la oficina de la Valedora do Pobo. De izquierda a derecha: Julio Díaz (ANPE), Borja Campos (CC.OO.) y Sandra Montero (UGT-SP)

Consideran inaceptable que se alargue cuatro años la aplicación de las nuevas ratios en los agrupamientos, cuando tendría que ser inmediata: «En catro anos xa non haberá nenos que agrupar», dicen

22 oct 2024 . Actualizado a las 17:47 h.

Los representantes sindicales de Comisións Obreiras, ANPE y UGT-SP que firmaron en octubre del 2023 un acuerdo de educación con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, han llevado el incumplimiento del mismo ante la Valedora do Pobo, y anuncian una demanda en los juzgados por el mismo motivo. «A Valedora do Pobo representa un mecanismo de control do cumprimento dos dereitos da cidadanía galega e de supervisión dos defectos máis comúns da Administración autonómica», explican para justificar la presentación de su queja; cuando se apruebe la ley de acompañamiento de los Orzamentos entonces tienen previsto hacer lo mismo pero en el juzgado.

No niegan los sindicalistas que el acuerdo tuviese efectos muy positivos, porque se evitó el cierre de 204 aulas y el aumento de unos 300 puestos de trabajo; en conjunto, apuntan, hay 556 docentes más que en el curso anterior. Pero de las quejas que tienen los profesores, posiblemente la principal tiene que ver con los agrupamientos. Se refiere esta figura a la fusión de dos o más aulas en los colegios (sobre todo rurales) con poco alumnado. Un centro solo podrá unir la clase de 3.º A y 3.º B si la suma de alumnos no pasa de 20; la ratio en primaria sigue siendo de 25, pero no cuando se juntan aulas. Fue una decisión muy aplaudida porque multiplica las clases con las nuevas ratios. 

Pero la negociación fue más allá, y se accedió a una exigencia de Comisións Obreiras de aplicar una mayor reducción de ratios si los agrupamientos se dan entre cursos de distinto ciclo o nivel. Era volver a la situación del 2009, antes de la crisis económica que echó por tierra todos los avances en educación. De ser así, y eso es lo que esperaban los sindicatos, juntar dos aulas del mismo ciclo (primero y segundo de primaria, por ejemplo) solo se podrá hacer si la suma de alumnos no supera los 16; si la fusión es de aulas de dos ciclos diferentes (cuarto y quinto) serán 14 los alumnos máximos; y si son dos etapas las que se unen (infantil y primaria) no sumarán más de 10.

Según los sindicatos, los problemas se suceden: «Hoxe presentamos máis de 200 incidencias (varios centros educativos presentan máis dunha), o que segundo os nosos cálculos suporía un incremento de case 400 docentes máis nas aulas galegas».

Sin embargo, los responsables de la consellería confirmaron a los sindicatos el pasado viernes que los agrupamientos se harán a otro ritmo: en infantil será un máximo de 14 alumnos (da igual el curso); y la ratio de 10 para fusionar clases de infantil y primaria se alarga al año que viene; y de 14 cuando sean dos clases del mismo ciclo.« El resto de cursos continuarán completándose en los siguientes años, hasta abarcar la totalidad del acuerdo del 2009», dice la nota de la Xunta. Según explican desde la consellería tras la protesta de los profesores, «cómpre ter en conta o positivo deste asunto, xa que o acordo de 2009 nunca se chegou a levar á práctica, mentres que este acordo, co seu calendario de implantación, queda blindado por norma con rango de lei a través da Lei de Medidas Fiscais e Administrativas 2025».

 Los sindicatos consideran que es un incumplimiento flagrante del acuerdo, del que dicen se cumplió en el 82% de los centros,y de nada sirvió que el conselleiro, Román Rodríguez, les anunciase un incremento de 90 millones en la inversión prevista para el profesorado en el 2025. Según explican los sindicatos, «as organizacións asinantes [del acuerdo] advertimos nesta reunión ao conselleiro que recorreremos xudicialmente o apartado correspondente nesa futura Lei de medidas fiscais e administrativas da Xunta de Galicia para 2025 e que acudiremos á vía xudicial para lograr a aplicación íntegra do Acordo e de forma inmediata».