Pilar del Castillo, ministra de Educación y Cultura Un único proyecto de ley ha sido capaz de unir a los estamentos universitarios. La contestación de estudiantes, profesores o rectores iniciada esta semana, y en la que desempeña un papel protagonista la Universidad de Santiago, pretende que el PP acceda a realizar modificaciones en el texto legal durante su tramitación en el Senado. La responsable de la Ley Orgánica de Universidades, la ministra Pilar del Castillo, minimiza las protestas y aduce que en las universidades persisten «muros infranqueables» y que existe una resistencia al cambio en varios sectores.
10 nov 2001 . Actualizado a las 06:00 h.La ministra de Educación cree que en el desafecto a la LOU subyace una resistencia a cambios que implican transformaciones en la «estructura de poder». -¿Es de esperar que en el Senado la tramitación del proyecto adopte un ritmo más pausado? -Dependerá de lo que decidan los grupos parlamentarios. Supongo que habrá un debate de enmiendas. Se ha dicho que esta ley se ha discutido rápidamente. Pero quiero recordar que nunca ha habido un debate sobre una reforma universitaria como el que ha existido con este proyecto. La actual ley, que data de 1983, se discutió por el procedimiento de urgencia los meses de julio y agosto, sin debate previo. -¿Qué análisis hace de la protesta universitaria? -Hubiera preferido que no se produjera. Me sorprende que muchas personas que han criticado el proyecto lo hayan hecho con argumentos que no se corresponden con el contenido del texto. Se ha generado, y lo lamento, mucha confusión que afecta a las opiniones que tienen estudiantes y profesores. -Se considera que la ley reduce la autonomía universitaria y las competencias de las comunidades, o que recorta la participación de los estudiantes. -Pero si se lee el texto, se comprueba que las universidades podrán profundizar en su autonomía, por ejemplo concediendo retribuciones complementarias a los profesores en función de evaluaciones. Además, los estudiantes van participar en igual o mayor medida en los órganos de representación, según lo que determinen los estatutos de cada universidad. -Usted militó en partidos de izquierda cuando era universitaria ¿Comprenderá, entonces, que los estudiantes se comprometan en la lucha contra la reforma? -En los años de los que hablamos había un marco de ausencia de libertades que determinaba la actividad política y militante de los universitarios. Ahora, afortunadamente, es todo lo contrario. El elemento en común es el propio de la edad. En esa etapa de la vida hay una tendencia a mantener una actitud de oposición, en ocasiones, con una escasa información. Pero yo también me he encontrado con otro tipo de estudiantes que son muy diferentes a los de los años 70. ESTRUCTURA DE PODER -¿Qué puntos sensibles toca la ley para que haya una contestación tan unánime en la calle? -Le recuerdo que hay personas y grupos que se han manifestado a favor del proyecto. Hay un consenso generalizado a favor del cambio. Sin embargo, toda propuesta de cambio, cuando llega la hora de la verdad, genera una resistencia, casi de forma consustancial. No cabe duda de que hay unos cambios que afectan a la estructura de poder. Mientras la selección del profesorado funcionario se hace en la actualidad sobre la base de que los departamentos nombran dos miembros del tribunal y los otros tres son elegidos por sorteo, en el futuro se hará por una comisión compuesta por siete miembros elegidos todos por sorteo. La endogamia es altísima. Hay muros infranqueables en torno a cada uno de los departamentos. Y está el hecho de que en la selección no se garantiza que el mérito y la capacidad sean los factores determinantes para conseguir una plaza. -¿La eliminación del 25% de profesores habilitados en las universidades privadas es un trato de favor respecto a las públicas? -Las universidades privadas no tienen funcionarios, sólo profesores contratados. La habilitación es para seleccionar funcionarios. A los profesores contratados de las universidades privadas se les exige una acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad; similar a la que se demanda a los contratados en las públicas.