Simón Rego es conselleiro del Consello de Contas. De regreso de su participación en Zaragoza en el VII Congreso del Observatorio de Contratación Pública, donde presentó la herramienta #Concello314 y subrayó la importancia de los datos en la gestión pública local, aborda el debate sobre el nuevo recibo de la basura, que supondrá un rejonazo para el bolsillo del contribuyente.
—¿Por qué se prepara la subida del recibo de la basura?
—Es una situación de tormenta perfecta. La AIReF ya hace más de dos años publicó que lo que se recauda vía ordenanzas fiscales es aproximadamente un 60 % de lo que cuesta el servicio. La tasa de cobertura de costes apenas llega al 60 %, con lo que el 40 % debe venir de otras fuentes de financiación local, en un contexto en el que estas entidades como primera línea de defensa ven incrementos significativos de los costes vinculados a las competencias en torno a la economía de los cuidados y la asistencia social. Si a esto le añadimos que el debate en torno a la nueva gestión de los residuos no puede girar exclusivamente sobre la eficiencia económica, sino que tiene que incluir la eficiencia social y ambiental, y que es inaplazable el debate para el cambio de la jerarquía de residuos, apostando por la prevención, la reutilización y el reciclaje, la tormenta perfecta está servida.
Adicionalmente se aprueba una norma en el 2022 que traspone normativa europea y que apuesta por principios como el «quien contamina paga», por sistemas de pago por generación que reflejen el coste real, que la tasa no puede ser deficitaria., se otorga un plazo de tres años para abordar el cambio de modelo... y llegamos al año 2025, con debates acelerados, sin reflexión, ni pedagogía ciudadana. Me pregunto: ¿Tiene sentido que una familia de cinco miembros, que genera 2.000 kilogramos de residuos al año, pague 20 céntimos diarios por la recogida, gestión y tratamiento de estos residuos? El problema es que llegamos a debates europeos, y buscamos la respuesta europea, pero exhaustos, con una tasa de cobertura del 60 %, sin pedagogía del nuevo modelo, sin presupuestos…
—¿Cuánto sube de media el recibo de la basura?
—Si la tasa de cobertura es del 60 %, de alguna forma tiene que llegar al 100 %, es una obligación legal. Y encima, si se necesita un cambio de modelo, la previsión es que los costes a corto plazo se incrementen.
—¿Quiénes lo van a pagar?
—La generación actual; si no, lo van a pagar con un incremento geométrico las generaciones futuras, por la falta de respuesta a los retos de sostenibilidad de hoy.
—¿Cómo se calcula esta tasa?
—La norma es clara: tiene que tratarse de una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y control posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía.
—En el caso del alquiler de un inmueble, ¿quién pagará el recibo, el dueño del piso o el inquilino?
—Este es un tema complejo, lo habitual es que lo pague el dueño del piso, se podría pactar lo contrario. Pero si apostamos por un principio de «quien contamina paga» parece contraitutivo que la carga corresponda al propietario que no genera los residuos. ¿Cuál es el problema en este caso? Pretender hacer política de vivienda a través de la tasa de residuos, cuando no es el instrumento adecuado, ni la forma de apostar por una nueva jerarquía de residuos y la economía circular.
—La subida ha generado el enfado de los contribuyentes. ¿La decisión es un problema de la miopía de Europa o de que los consumidores no sabemos el coste de los servicios públicos?
—El segundo elemento es clave. Es imprescindible fomentar la conciencia ciudadana en la exigencia de la «legibilidad del coste de los servicios públicos». Es un derecho de ciudadanía conocer cuánto nos cuesta como ciudadanos que los residuos no se depositen en el contenedor adecuado, que las bolsas se dejen en la acera o no se utilicen los puntos limpios. Da la sensación de que tenemos más datos que nunca en la gestión pública, pero que no nos está permitiendo apostar por las evidencias en la gestión, y dejar de confiar, casi a ciegas, en las intuiciones. En este sentido, el Consello de Contas se ha inclinado por una herramienta como Concello314 que esperemos que constituya un punto de inflexión en relación con la gestión pública local basada en evidencias.
—¿Se podía haber realizado de otra manera?
—Se llega demasiado tarde al debate y en unas condiciones muy complejas, se llega con unas entidades, la mayoría con presupuestos prorrogados (el 30 % de las entidades locales en España aprueba sus presupuestos antes del 31 de diciembre del año anterior) y con los contratos vencidos y en prórrogas de facto en un número muy significativo de ayuntamientos. Con lo que la sensación de tormenta perfecta en un mundo realmente complejo como el de la gestión de residuos, acrecienta la sensación de intemperie. Y ya se sabe que ocurrirán más tempestades donde hay más intemperie.
—¿Considera que es normal que los consumidores se indignen?
—Si a los elementos anteriores se une la falta de pedagogía y de explicación de los costes de los servicios públicos, la respuesta parece evidente.
—¿Hay excepciones, descuentos y bonificaciones?
—Este debería ser uno de los ejes del debate. Cómo se puede incentivar, a través de refuerzos positivos a la ciudadanía y no solo mediante respuestas fiscales, el cambio de modelo de gestión. Estamos viendo ejemplos virtuosos en este sentido, con la recogida puerta a puerta, de los beneficios fiscales por los buenos resultados en reciclaje de áreas del municipio. Pero para esto se necesita una estrategia, y apostar por un nuevo modelo de gestión de los residuos basado en datos y en la eficiencia económica, pero también social y ambiental.