La ampliación a tres años del plazo de garantía repercutirá en los precios
29 abr 2022 . Actualizado a las 20:26 h.Hasta ahora, cualquier electrodoméstico comprado en España tenía una garantía de dos años. Esto quiere decir que si un artículo se rompe en ese tiempo, el fabricante decide si lo arregla o entrega uno nuevo a coste cero. A partir de enero, la normativa cambiará y el plazo de garantía se ampliará hasta los tres años, y será el propio cliente el que elija entre la reparación o sustitución. Esta modificación de la ley, pensada para beneficiar a los consumidores, puede acabar dándose la vuelta. Y es que, avisan los fabricantes y distribuidores de electrodomésticos, comprarse una lavadora o un frigorífico será más caro.
Esta vuelta de tuerca a la regulación actual es, a grandes rasgos, un mandato europeo. El Gobierno publicó un real decreto el pasado mes de abril para incluir en la normativa española una serie de directivas europeas, entre las cuales, se encontraba la referente a los derechos de los consumidores en la compraventa de productos y servicios. En principio, la modificación entrará en vigor el 1 de enero del 2022. Aunque el proceso obliga a que el decreto pase por el Congreso, cuyo pleno ya ha aprobado que se tramite como proyecto de ley para poder proponer variaciones.
El cambio legislativo fue muy bien acogido por las organizaciones de consumidores. La OCU o Facua dieron el visto bueno a la ampliación del «derecho a reparar» de los usuarios, como gesto básico de consumo sostenible y duradero.
Por su parte, el sector de electrodomésticos cree que la medida solo les perjudicará. Desde Applia, la asociación nacional de fabricantes, esperan que todavía haya marcha atrás y el Gobierno «entre en razón». Alberto Zapatero, su director general, denuncia que la nueva normativa se ha colocado en los máximos regulables que permitía la directiva europea, mientras que el resto de los países de nuestro entorno la han adaptado con los plazos mínimos.
La ampliación del período de garantía no es la única novedad. A partir del 2022, si nada cambia, también se aumenta la presunción de falta de conformidad. Esto quiere decir que en los dos años posteriores a adquirir una lavadora, si su dueño se percata de algún fallo, se presupondrá que existe desde el momento de la compra. Lo que supone que durante ese tiempo no habrá que demostrar la causa de que un producto se estropee, porque se dará por hecho que venía así de fábrica.
Una reforma que tampoco convence a la parte distribuidora. Carlos Moreno, secretario general de la Federación Nacional de Distribuidores de Electrodomésticos (FECE), cree que la ampliación de las garantías «es un mero efecto estético», y que la medida repercutirá en los precios, porque aumentar el plazo «tiene un evidente coste» para las compañías.
Repuestos
El real decreto también incluye la obligación de que los fabricantes garanticen piezas de repuesto durante diez años, después de que el artículo deje de producirse. Un plazo que antes era de cinco, por lo que supone una subida «absurda» insiste el portavoz de los distribuidores, no solo en lo que respecta a su sector, sino por la repercusión en otros bienes como los teléfonos móviles, donde los avances tecnológicos hacen que diez años se transformen en una eternidad.
Además, bajo su perspectiva este cambio «aumentará los residuos» al tener que estar reparando sin control. Un objetivo totalmente opuesto al que el Ministerio de Consumo pretende con la nueva norma, cuyo planteamiento radica en: «Una mayor durabilidad de los bienes para lograr patrones de consumo más sostenibles», según explicó el Ejecutivo tras su aprobación.
El ministerio que dirige Alberto Garzón no ha tenido en cuenta a ninguna de las partes afectadas en este proceso. Al menos, eso explican fuentes del sector. «Nos hemos encontrado con este texto en un decreto ley, sin apenas margen de maniobra» trasladan los fabricantes.
La norma está en proceso de convalidación, a la espera de que los distintos grupos parlamentarios presenten enmiendas si lo consideran, por lo que el resultado final todavía no es seguro. Alberto Zapatero descarta que el ministerio decida que la ampliación de la garantía pueda ser todavía mayor y supere los tres años, un paso que para él sería «una aberración». Explica que es la propia asociación de fabricantes la que está contactando «directamente con el Gobierno» para que escuche su perspectiva sobre un tema que no afecta solo a grandes empresas: «En este sector hay muchísimas pymes que también lo van a sufrir», advierte.
La nueva etiqueta energética para bombillas entrará en vigor el 1 de septiembre
El precio de la luz no deja de encadenar récords, por lo que elegir aparatos eficientes puede contribuir a ahorrar unos euros en la factura. Es uno de los objetivos del nuevo etiquetado energético para lámparas y bombillas que se hace obligatorio a partir del 1 de septiembre.
El pasado marzo se produjo el cambio en lavadoras, lavavajillas, frigoríficos y televisiones, y ahora es el turno de las fuentes de iluminación. El nuevo sistema es más sencillo y simplifica las categorías que califican a los productos según el índice de eficiencia energética. La escala de notas va desde la letra A, que se coloca en los que consumen menos, hasta la G, que aparece en los que resultan menos rentables energéticamente.
Además, para incentivar que los productos vayan mejorando en este aspecto, la propia clase A, ha quedado desierta y se reserva la categoría para futuros avances tecnológicos. De esta manera, los consumidores van a encontrar etiquetas cuya mejor puntuación sea una clase B. Y de hecho, las más comunes serán las de clase D e inferiores.
Hasta el 12 % del consumo eléctrico de una casa se destina a la iluminación, por lo que la sustitución de bombillas puede, según la OCU, «resultar un gesto significativo para reducir el consumo». Es el caso de las fuentes de luz LED, más caras, pero más eficientes a largo plazo. Su duración media es de veinte años y pueden reemplazar a cualquier bombilla.
Además, todos los electrodomésticos etiquetados bajo este sistema tienen colocado un código QR que proporcionará información adicional a los usuarios. La herramienta permitirá hacer comparativas entre productos y calcular sus costes de utilización, todo ello dentro de una base de datos a nivel europeo.