El Gobierno y los agentes sociales negociarán vías de ajuste no salariales

Trabajo quiere que el modelo de los ERTE, que tan buen resultado ha dado en la pandemia, se erija como un mecanismo de ajuste permanente


Madrid / Colpisa

Las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales para desmontar la reforma laboral avanzan a «buen ritmo» y sin cambios en el calendario, pese a la resistencia inicial de la patronal, según confirmaron fuentes del diálogo social a este periódico. Las recientes declaraciones de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, defendiendo que la prioridad ahora debe dirigirse a luchar contra la temporalidad y el paro juvenil antes que a modernizar la negociación colectiva no han cambiado los planes de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Así, en la reunión mantenida este miércoles técnicos del Gobierno y representantes de los sindicatos y las patronales se sentaron ya a discutir sobre la primera propuesta de borrador que remitió la semana pasada el Departamento de Trabajo y que se centra básicamente en devolver la prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa y la reforma de la subcontratación, dos temas que rechazan negociar en este momento los empresarios, pero que finalmente han aceptado abordarlo.

Es más, el Gobierno se ha abierto a ampliar el perímetro y abordar posibles formas de flexibilidad interna de las empresas siempre y cuando no afecten a los derechos de los trabajadores ni contribuyan a la devaluación salarial. Para ello, sindicatos y patronal se han comprometido a enviar a lo largo de esta próxima semana -antes de la reunión que mantendrán de nuevo el próximo miércoles- sus propuestas en esta línea para añadir al texto redactado por el Ejecutivo. Para ello, tendrán que buscar alternativas para que, llegado el caso, las compañías tengan otros mecanismos de flexibilidad interna para afrontar momentos críticos sin que se produzca un ajuste salarial, como pudieran ser cambios en la jornada u horarios, según explicaron estas mismas fuentes. El Gobierno además quiere que el modelo de los ERTE que tan buen resultado ha dado durante esta pandemia se erija como un mecanismo de ajuste permanente y alternativo a los despidos y, por tanto, sería a su vez otra forma de dar más flexibilidad a compañías en apuros.

Anterior crisis

La devaluación salarial fue, junto con los despidos, el principal ajuste en la anterior crisis y el Ministerio de Yolanda Díaz tiene claro que no quiere que esta sea la fórmula en la actual pandemia. Por ello, en la propuesta enviada a los agentes sociales el Ejecutivo propone modificar el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar la prioridad aplicativa del convenio de empresa aunque solo en determinados ámbitos, no en todos como quieren los sindicatos. Pero sí se establece en este texto que el convenio del sector será el que regule la cuantía del salario base y de los complementos salariales y las horas extras, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa, con lo que se pretende poner límite a los recortes unilaterales de salarios por parte de los empresarios y terminar con el denominado dumping salarial, por el que las compañías compiten reduciendo los costes de personal. También se precisa que aunque el horario y la distribución de la jornada lo establecerán los convenios de empresa, la duración de la jornada sí estará condicionada por lo que marque el sector.

Por otra parte, la propuesta enviada por Trabajo también establece que las subcontratas tendrán que aplicar el convenio sectorial de la actividad que ejecuten en la empresa contratante, «corresponda esta a la actividad propia de la principal o a una distinta». Cuando la subcontrata tiene un convenio de empresa, podrá aplicarlo siempre y cuando se garanticen al menos las condiciones que establezca el del sector.

Además, modifica el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores para fijar que la contratación y subcontratación de obras y servicios por parte de la empresa no puede realizarse con contratos temporales de obra y servicio, tal y como ha establecido recientemente el Tribunal Supremo.

Los sindicatos ven en este borrador un «buen punto de partida», mientras que la CEOE asegura que «las reformas que plantea el Gobierno no van en la dirección que solicita Europa y al restar flexibilidad a las empresas podrían acentuar la difícil situación actual y la pérdida de empleo».

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