Las empresas menos productivas no recibirán ayudas europeas a pesar de la pandemia

Cristina Porteiro
c. porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

r. g.

El Gobierno español alega que Bruselas no permite la «la barra libre»

22 feb 2021 . Actualizado a las 17:59 h.

Ni hay café para todos ni España tiene interés por seguir subvencionando empresas improductivas y renqueantes. Aunque el Gobierno se resiste a expresarlo de forma explícita, admite entre dientes que la pandemia exigirá una purga en el tejido productivo. Poner el contador a cero y empezar desde la base a reconstruir la economía alrededor de dos columnas vertebrales: la digitalización y la descarbonización.

Muchas empresas quedarán por el camino porque el dinero del fondo Next Generation EU, del que España recibirá 140.000 millones de euros en préstamos y dinero a fondo perdido, no irá a tapar los agujeros de la crisis o a financiar proyectos de bajo valor añadido. No se extenderán cheques para postergar lo inevitable: el cierre de las firmas menos productivas y competitivas. Las que no se puedan adaptar y no planteen cambios de calado, quedarán atrás: «No hay alternativa», reconoció esta mañana el director del Departamento de Asuntos Económicos del Gobierno, Manuel de la Rocha, durante una conferencia organizada por APD. Las ayudas no están pensadas para aliviar la asfixia de las cuentas ni para sufragar deudas contraídas o cubrir gastos e inversiones pendientes que se tuvieron que aplazar a causa de la pandemia.

Tanto la UE como España quieren evitar que suceda a gran escala lo que ocurrió con una parte de los fondos estructurales o mineros, por ejemplo, que acabaron enterrados en proyectos que nunca abrieron sus puertas. «Debemos ser muy estrictos en la dotación de los fondos porque la lupa de Bruselas estará en la ejecución del gasto, los resultados y la reformulación del modelo», admitió. El Gobierno deberá ceñirse a la línea estricta marcada por la Comisión Europea: nada de financiar de forma artificial la actividad de empresas obsoletas. A pesar de la encomienda, el Gobierno está negociando con el Ejecutivo europeo una mayor flexibilidad para permitir que «las empresas que lo están pasando peor puedan acceder a estos fondos de forma más fácil». Algo improbable según las condiciones fijadas en el reglamento.