Así que, «si quieren pueden, pero es complicado», reconoce el catedrático de Derecho Administrativo. No porque la Comisión Europea ponga impedimentos a las expropiaciones, salvo que el Gobierno llegue al negocio del aluminio para quedarse, sino porque, como ocurrió con Rumasa, se producirá una larga guerra judicial de final incierto.
Aunque tanto Maroto como Conde dan esperanzas sobre la expropiación, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, desinfló las expectativas cuando hace semanas reconoció a La Voz que «no es fácil implementar una operación así dentro de la UE y que no nos dé problemas de litigios durante años», como Rumasa.
