Crónica económica
03 nov 2019 . Actualizado a las 05:00 h.¿Por qué el Ministerio de Pesca tiene que estar en el paseo de la Infanta Isabel, de Madrid? ¿Por qué el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tiene que estar en el paseo del Prado, de Madrid? ¿Por qué la sede de Puertos del Estado tiene que estar en la avenida de Partenón, de Madrid? ¿Por qué la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene que tener a sus primeros ejecutivos en la calle Alcalá, de Madrid? Es en la capital donde se encuentran prácticamente todos los centros de decisión de las entidades financieras que integraron a las antiguas cajas de ahorros y arrastraron a miles de trabajadores con ellos. Otros cientos de miles fueron (o están siendo) prejubilados. ¿Por qué el año pasado tuvieron que emigrar de Galicia 22.430 personas para trabajar en la capital?
¿Si distribuyéramos las sedes sociales de todas las instituciones públicas entre las ciudades de la España vaciada -o de la que está a punto de vaciarse- se solucionaría de una carambola tanto el grave problema que sufren los territorios desérticos como el que padecen las grandes urbes como la madrileña, donde un piso localizado en un bajo de menos de 50 metros cuadrados sitúa su alquiler en 1.200 euros al mes?
Es cierto que Galicia cuenta con importantes empresas, pero también lo es que hay responsables políticos que reconocen su temor a la deslocalización de algunas de estas firmas. Deslocalización que, si llega a producirse, llevaría aparejada el cierre de cientos de pymes que giran en su órbita. Este miedo (es patente en ciertos departamentos de la Xunta) convive con la siguiente realidad: crisis en Alcoa, en Endesa, en Barreras, en Vulcano, en las auxiliares de Navantia, en Ferroatlántica, en Isowat, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiera entenderse, por tanto, que la falta de empleo y de perspectivas para tenerlo estuviese detrás de la crisis demográfica, un problema para el que, por el momento, no se encuentra una solución. Las ayudas económicas para las guarderías, el alquiler, el cheque bebé, las canastillas y demás no logran asentar población en territorio gallego. De la tozuda realidad también se deduce que, con el dinero que destinará la Xunta para hacer frente al pago del carné de conducir (entre matrícula y clases hasta aprobarlo la media puede superar con facilidad los 600 euros), no se conseguirá retener a los jóvenes en Galicia.
Hoy por hoy los Gobiernos autonómicos y locales se empeñan en algo absurdo: utilizar la racionalidad económica para adoptar decisiones que permitan sobrevivir a sus territorios. ¿Por qué hay que decidir abrir una escuela cuando haya 5 niños? ¿No es mejor abrirla aunque solo haya 4? Nadie se imagina a Churchill diciéndole a su ministro de la guerra si la contienda le iba a salir a cuenta. La falta de natalidad en Galicia bien asume el símil del incendio que está arrasando miles y miles de hectáreas y nadie pone remedio. ¿Qué nos está ocurriendo?
Los franceses diseñaron la tríada de la libertad, igualdad y fraternidad. Hoy este último término (fraternidad) ha desaparecido prácticamente del uso común de la lengua, en la que sí está muy presente la palabra solidaridad vinculada, prácticamente siempre, a un aspecto económico. Sin embargo, la fraternidad es aquella que se da en las familias, donde la ayuda es a cambio de nada. Es cuando los padres quieren a todos los hijos por igual, pero piensan y apoyan más al que tiene mayores dificultades. La fraternidad pasa por ese vecino que decidió abrir la persiana todos los días a la misma hora para que su pescadero supiese que si estaba bajada es que algo había pasado.
Nadie quiere ser esa mujer que muere sola en casa sin que nadie la eche de menos, o el del anciano que vive en un pueblo del centro de Galicia y todos los días come pan reseso porque hasta su casa no llega el panadero.
Pese a todo, cabe la esperanza de que esos jóvenes que se marcharon a Madrid para crecer profesionalmente, regresen lo antes posible.