Hacienda destapó en el 2018 casi 80.000 inmuebles ocultos en 79 municipios gallegos

En el 43 % de los casos se trataba de ampliaciones y rehabilitaciones, y en el 40 % de nuevas construcciones


Santiago de Compostela

Después de seis años consecutivos peinando la geografía gallega, el Catastro ha concluido ya el plan de regularización dentro de su estrategia para combatir la economía sumergida y hacer aflorar bienes ocultos a ojos del fisco y cuyos propietarios eludían su obligación de tributar por Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El Ministerio de Hacienda acaba de cerrar los datos  esta misma mañana y el balance es estremecedor: 447.910 bienes aflorados desde enero del 2013, de los cuales el 43 % eran ampliaciones y rehabilitaciones, el 40 % nuevas construcciones, el 15 % reformas y cambios de uso, y el 2 % piscinas. Las cifras globales ofrecidas por el Catastro muestran que, sólo en el último año, durante todo el ejercicio del 2018, afloraron casi 80.000 bienes (77.060) gracias a los trabajos llevados a cabo en 79 municipios gallegos: 25 de A Coruña, 24 de Ourense, 19 de Pontevedra. La lista publicada por el BOE incluía los concellos de A Coruña, Arzúa, Boiro, A Capela, Curtis, Dodro, Fisterra, Mazaricos, Miño, Moeche, Monfero, Muxía, Oleiros, Porto do Son, San Sadurniño, Santiso, Toques y Touro.  En Ourense, estaban los municipios de Baltar, Bande, Beariz, Os Blancos, Boborás, Carballeda, Entrimo, Laza, Leiro, Lobios, Maside, Vilamarín o Vilamartín de Valdeorras. En Pontevedra, los ayuntamientos de Pontevedra capital, y Cambados, A Estrada, Forcarei, Gondomar, A Lama, Meaño, Oia, O Porriño, Salvaterra, Sanxenxo, Tui, Valga o Vilagarcía. La lista  se cerraba con once en Lugo: Burela, Castroverde, O Incio, Monforte, Ourol, Palas de Rei, Pedrafita, Portomarín, Ribas de Sil, Riotorto y Taboada.

El balance muestra que, en apenas seis años de trabajos, ha aflorado una ingente cantidad de fraude en un territorio singularizado por la dispersión poblacional y donde existe una cultura muy arraigada de hacer obras en la propiedad privada sin comunicarlas a las administraciones pertinentes. La bolsa de bienes ocultos ha sorprendido incluso a los técnicos del Catastro. Y la regularización ha propiciado que, en todo este tiempo, se halla incrementado la factura global del IBI en cerca de 200 millones de euros. Cientos de habitantes del medio rural de la comunidad han recibido notificaciones ante la existencia de galpones, naves y establos que estaban en sus fincas, inmuebles que igual estaban regularizados a efectos urbanísticos, pero no tributarios. Esto, unido a la revisión de los valores a petición de los propios ayuntamientos (por la caída de ingresos en la crisis), hizo que muchos vecinos viesen incrementada notablemente la factura tributaria. Primero, porque la casa en la que vivían tenía que pagar más por IBI, y segundo, porque tenían que afrontar el pago del mismo impuesto de un pequeño cobertizo que no constaba a ojos de Hacienda. 

Cuando Hacienda detecta algún tipo de bien no registrado, la agencia regional del Catastro envía una carta al contribuyente para notificárselo. El ciudadano tiene 15 días para presentar un escrito de alegación y justificar la disconformidad. Los asesores recomiendan adjuntar fotos que permitan demostrar el error en la valoración por parte de Hacienda. El infractor de estas propiedades sin actualizar tiene que pagar una tasa de 60 euros y exponerse a los cargos que le puedan venir del ayuntamiento, administración responsable de recaudar los impuestos vinculados a los bienes inmuebles.  Para desempeñar la ardua tarea de hacer aflorar bienes ocultos municipio a municipio, el Catastro cuenta con un cuerpo formado por más de 2.300 trabajadores, que han desempeñado su labor con fotos aéreas (con drones, satélite y Google Maps) y con visitas al terreno.

El plan de regularización es una herramienta de la Administración tributaria para luchar contra el fraude, aunque en la calle suele confundirse con la revisión de valores catastrales. Se trata de cosas diferentes. La actualización de estos últimos también corresponde al Catastro, a petición de los ayuntamientos. En los años de crisis, ante la caída de ingresos, hubo concellos que revisaron los coeficientes, pero lo más relevante es el valor catastral, que es lo que sirve de referencia para la base imponible del IBI, el impuesto estrella de los ayuntamientos. Con él se calculan todos los tributos que van ligados a los inmuebles. Entre los criterios técnicos que utiliza el Catastro para determinar el valor de una propiedad están la antigüedad de la construcción, el emplazamiento (hay zonas más caras) o el estado de conservación. Cualquier ampliación o reforma de un inmueble incide en el valor, y de ahí la importancia de que conste a ojos de Hacienda.

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