La Justicia holandesa ha abierto una investigación por presunto lavado de dinero y corrupción internacional
22 mar 2017 . Actualizado a las 14:36 h.La Justicia holandesa está investigando al banco ING por sospecha de blanqueo de dinero y corrupción internacional, según informó este miércoles el diario local Het Financieele Dagblad, que se remite a fuentes de la investigación.
El propio banco mencionó la investigación en su informe anual.
«El banco es sospechoso de no haber señalado, o de haberlo hecho demasiado tarde, unas transacciones inhabituales», especialmente unos pagos del gigante ruso de telecomunicaciones VimpelCom a la empresa de un funcionario del Gobierno uzbeko, indicó la portavoz de la fiscalía Marieke van der Molen.
La justicia investiga el papel que desempeñó presuntamente el grupo holandés en el pago de esos posibles sobornos, según el diario económico holandés.
La fiscalía cree que ING no investigó correctamente a sus clientes, lo cual es obligatorio según la WWFT, la ley contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y podría, por tanto, haber incurrido en un delito de corrupción internacional y de blanqueo.
Un portavoz de ING señaló que se trata del cumplimiento de disposiciones legales en la aceptación de clientes, la inspección de transacciones financieras y la notificación de actividades sospechosas para evitar el lavado de dinero y las prácticas de corrupción. El portavoz no quiso entrar en detalles. Tan solo aseguró que la empresa «coopera con las pesquisas».
A este respecto, la entidad holandesa apuntó que ING Groep ha recibido también solicitudes de información por parte de las autoridades estadounidenses con las que también está cooperando.
«No es posible actualmente determinar cómo se resolverán las investigaciones y solicitudes o cuándo se resolverán ni estimar con fiabilidad un calendario, la cuantía de las multas, sanciones o cualquier otro resultado, que podría ser significativo», apuntó el banco.
En el 2012, tras un acuerdo con el Gobierno estadounidense, ING fue condenado a abonar la cantidad de 619 millones de dólares a raíz de un contencioso sobre la violación de sanciones económicas.
Entre el 2002 y el 2007, el banco manipuló o destruyó información sobre transacciones por valor de más de 1.600 millones de dólares que otros bancos instalados en Estados Unidos realizaron sin saberlo con Cuba, y en menor medida con Irán, Sudán y Libia.