Nadal obliga a todas las comercializadoras a financiar el mecanismo y algunas subirán la factura
19 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Algunas de las pequeñas comercializadoras de electricidad que operan en el mercado libre -en este negocio funcionan 270 compañías frente a las seis autorizadas para el regulado por el Gobierno- preparan subidas en el recibo de la luz de sus clientes para hacer frente al coste que le supondrá la cofinanciación del bono social. Paradójicamente, este mecanismo de ayuda para el pago de las facturas solo lo pueden ofrecer las empresas que trabajan en el mercado regulado para clientes que también estén en él, aunque a partir de diciembre pasado lo tienen que pagar todas las comercializadoras y, por ende, todos los clientes, también los del negocio liberalizado.
Al final, y como siempre, serán los consumidores los que pagarán el pato. Serán todos ellos, y hay unos 26 millones, vía factura de la luz, los que financiarán indirectamente el bono social, un mecanismo ideado por el Gobierno que, de momento, proporciona un descuento del 25 % en el recibo a unos 2,5 millones de esos clientes. Estos beneficiarios no se eligen por sus ingresos económicos -aunque está previsto que sea así dentro de unos meses-, sino que son familias numerosas, jubilados, pertenecen a un hogar con todos sus miembros en paro o tienen una potencia contratada inferior a 3 kilovatios.
Una sentencia del Tribunal Supremo tumbó a finales del 2016 el modo en que había decidido el Gobierno financiar el bono social. Hasta noviembre pasado eran 23 empresas las que asumían los 200 millones anuales que cuesta el mecanismo. Eran las que estaban verticalmente integradas, es decir, aquellas que aglutinan las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica. Pero el Supremo dictaminó que ese sistema era discriminatorio y lo anuló.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, buscó otra alternativa, que es la de ampliar el abanico financiero a todas las comercializadoras que operan en el negocio eléctrico. El porcentaje de reparto es independiente del tamaño de la empresa, pero sí es proporcional al número de clientes de cada una. De este modo, las tres grandes eléctricas soportarán casi el 90 % de la financiación, pero el resto se distribuirá entre las demás. No toca a mucho, pero sí lo suficiente para que algunas de esas compañías se vean obligadas a repercutir en la factura de sus clientes esa nueva «solidaridad obligatoria», en palabras de Pablo Álvarez, presidente de la cooperativa gallega A Nosa Enerxía, con 250 socios.
Esa pequeña comercializadora del mercado libre no tiene previsto revisar al alza el recibo de sus abonados porque es «poca cantidad», en torno a unos 700 euros anuales. A Álvarez no le parece mal «arrimar el hombro», aunque «no es justo que no podamos prestar el servicio».
Además de cambiar el modo de financiar el bono social, como consecuencia de una sentencia judicial, el Gobierno también modificará los criterios para adjudicar el descuento para introducir la renta y prohibirá los cortes de luz a los clientes vulnerables, que están aún por definir.