Un error del juez infla en al menos 44 millones la fianza a los acusados de Pescanova

De Sousa recusa los perjuicios millonarios que reclaman varios accionistas, y pide una nueva resolución


vigo / la voz

La fianza que deberán afrontar los principales investigados por la quiebra financiera de Pescanova en el año 2013 será superior a los 158 millones decretados por el juez Pablo Ruz en un primer momento. Pero inferior a los 276 millones (177 millones más) que fijó el magistrado José de la Mata en un auto dictado el 10 de marzo. La modificación de esa suma primera se debe a la personación de unos doscientos accionistas más desde enero del año 2014, a los que se les habría ocasionado un perjuicio económico.

Pero esas cifras no cuadran. El motivo es que el documento judicial tiene abundantes errores que los abogados de la defensa no han tardado en detectar. El más llamativo confunde la cifra del perjuicio que reclama uno de los demandantes y la multiplica por mil: el perjudicado pide 43.949,57 euros, y el auto convierte esta cifra a 43.949.357,00 euros. «Con todos los respetos, este error muestra que los cálculos del auto se han hecho de forma apresurada y poco meditada», señala el escrito que remitieron ayer al juez los abogados del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, para exigir al magistrado que dicte «una nueva resolución, corrigiendo el importe de la fianza».

No es esta la única incorrección que apunta la defensa de De Sousa. En el documento de diligencias previas, advierten de otro error en el cálculo del perjuicio que reclama Golden Limit, y que suma 20 millones de euros «cuando en la querella inicial presentada por Iberfomento (representante de Golden Limit en el consejo de la antigua Pescanova) se fijaba la suma de apenas 4 millones de euros». También recusan los abogados la petición de 18,8 millones que pide la italiana UBI Banca por incumplimiento de un contrato de factoring, una deuda que, aseguran «no se puede reclamar judicialmente». El escrito constata además más errores en el cálculo de la fianza derivados de la suma por duplicado de otras cantidades reclamadas.

Por último, los abogados de De Sousa impugnan la condición de supuestos perjudicados de todas aquellas personas que adquirieron acciones en marzo del 2013, con posterioridad a que Pescanova anunciara la imposibilidad de aprobar las cuentas y manifestara sus dudas sobre la continuidad de la empresa. «Si después de estas comunicaciones hubo gente que, por puro afán especulativo siguió comprando acciones, al amparo de la incomprensible decisión de la CNMV de mantener cotizado el valor, parece difícil que estos puedan presentarse como perjudicados o engañados», dice su defensa. Además de Fernández de Sousa, deberán cubrir también la fianza tres antiguos consejeros del grupo, la sociedad ICS Holding, y seis ex altos directivos de Pescanova.

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