Facua pide que la aplicación se someta a la ley para proteger al consumidor
18 jun 2014 . Actualizado a las 01:04 h.La primera vez que el ministro de Economía, Luis de Guindos, se pronuncia sobre el conflicto que enfrenta a los taxistas de Barcelona y Madrid con aplicaciones que, como Uber, consideran competencia desleal, puso una vela a dios y otra al diablo. Y es que, desde Santander, donde participó en un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), envió un doble mensaje a los dos actores en pugna: al sector del taxi le instó a adaptarse a los cambios que provocan las nuevas tecnologías, mientras que advirtió que las nuevas aplicaciones tienen que competir «en igualdad de condiciones».
Es decir, que el titular de Economía se refirió -aunque no explícitamente- a que el del taxi es un sector regulado, por lo que quienes quieran introducirse en ese nicho de negocio tienen que someterse a las reglas existentes. De hecho, las protestas de los taxistas el pasado fin de semana respondían a que estos servicios alternativos, a diferencia de ellos, carecen de licencia y no pagan impuestos.
En cualquier caso, añadió que aunque la función del Gobierno es garantizar la competencia «pero en igualdad de condiciones», los taxistas tienen que adaptarse a los cambios tecnológicos, y puso como ejemplo los que los medios de comunicación han vivido en los últimos 15 años.
Fomento ha llevado el conflicto al Comité Nacional de Transportes y lo analizará próximamente en una reunión con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Responsabilidades
También Facua se pronunció ayer sobre el asunto, considerando que las plataformas como Uber deben someterse a la ley para garantizar los derechos de los consumidores, y ha señalado que se debe distinguir entre compartir transporte privado y los gastos y las plataformas que cobran al usuario por un servicio y cuentan con una estructura empresarial.
A través de un comunicado, Facua indicó que estas plataformas deben someterse a la legislación vigente para asegurar la protección máxima al consumidor y dejar claras las responsabilidades ante los incumplimientos que se produzcan.
Según la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), se considera transporte privado el que se realiza entre particulares, el que nunca da lugar a remuneraciones económicas porque el único objetivo es compartir gastos y el desplazamiento del usuario coincide con el del conductor.
La ley recoge que en esos casos las plataformas no están sometidas a regulación alguna, como ocurre con BlaBlaCar, que ha funcionado como una red social para ofrecer el contacto entre particulares, precisa Facua.
Sin embargo, Uber ha comenzado a ofrecer el servicio de intermediación en el transporte de viajeros, encargándose de gestiones como reserva del asiento, el cobro y la facturación del servicio, todo ofrecido por conductores privados no profesionales.
De ello, por tanto, deben derivarse responsabilidades ante los eventuales incumplimientos.