En el 2011, las rentas del trabajo equivalían el 46 % de las rentas totales de España -expresadas a través del PIB- pero aportaron más del 90 % de los ingresos recaudados por IRPF. O sea, nuestro IRPF es un desvergonzado impuesto sobre salarios, pensiones, ingresos de profesionales y de explotaciones familiares agrarias, incluidos los parados con prestación. Estos colectivos, que suman más de 28 millones de personas, tuvieron retenciones en el IRPF por valor de 64.912 millones de un total de 69.803 recaudados, lo que implica control desigual y un primer escándalo tributario. Pero como los impuestos que gravan el consumo (IVA e impuestos especiales -IE-) proporcionaron 68.285 millones, el bofetón se recibe por duplicado. Cuando las rentas del trabajo entran en la casa del contribuyente son gravadas por el IRPF. Cuando esas rentas se destinan al consumo (porque mayoritariamente generan ahorro escaso o nulo), se gravan otra vez por el IVA e IE. Estos impuestos (IRPF, IVA e IE) aportan el 85 % de los ingresos gestionados por la Agencia Tributaria, que sumaron un total de 161.760 millones en el 2011. Como es fácil advertir, el escándalo tributario se agranda.
Finalmente, interesa conocer también qué sucede con las cotizaciones a la Seguridad Social, un impuesto al trabajo que se paga formalmente a través de dos cuotas: la cuota empresarial (30 %) y la cuota del trabajador (6 %). Su cuantía total en el ejercicio 2011 se estimó en 110.447 millones. Pero, ¿quién soporta realmente esas cotizaciones? La respuesta es concluyente: los trabajadores. Porque los empresarios reducen su cuota en la base del impuesto de sociedades, recuperando el 30 % del total, mientras el resto se traslada al trabajador vía menor salario. De manera que las rentas del trabajo soportan también gran parte o la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social. Este hecho, ligado a la desfiscalización de rentas y ganancias de capital, completa un cuadro fiscal esperpéntico.
Así, los tributos del Estado, incluidas las cotizaciones sociales, alcanzaron en el 2011 la cifra de 272.207 millones. Los ingresos por IRPF, IVA, IE y cotizaciones sociales aportaron 248.535 (91 % del total). Pero nuestros gobernantes silencian este patrón distributivo. La inspección tributaria estima una economía sumergida del 24 % del PIB (240.000 millones), lo que supone un fraude de 80.000 millones/año. Por eso la presión fiscal es diez puntos más baja que la media de la UE. Por eso existen amnistías fiscales y cinismos múltiples. Por eso abunda la crueldad y la injusticia en este mundo falseado.