Dos años después de la salida de los ejecutivos de la caja, el caso sigue aún en fase de instrucción judicial
03 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Probablemente, lo último que se le pasó por la cabeza a Julio Fernández Gayoso, en aquel consejo de administración fundacional de Novacaixagalicia que presidió el 1 de diciembre del 2010, es que acabaría sentado en el banquillo de los acusados por colaborador necesario en el pago de las indemnizaciones millonarias que percibieron los cuatro altos cargos, también imputados, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán Lanza y Javier García de Paredes.
Todo comenzó con una denuncia hace casi dos años, con la salida de los ejecutivos ahora imputados, y tras la denuncia presentada por el abogado Pablo Arangüena (ahora inhibido del caso), en los juzgados de A Coruña al considerar ilegales los blindajes de directivos en una entidad rescatada.
Según fueron desvelando luego los testigos citados a declarar por Ismael Moreno, la ratificación de las jubilaciones de oro ni siquiera se incluía en el orden del día que les fue repartido a los consejeros antes de la reunión, «porque no había habido tiempo».
Colaboradores necesarios
Sin embargo se concedieron y, tras escuchar a los cinco primeros acusados, el juez, a petición de la Fiscalía, ha llegado a la conclusión de que las altas remuneraciones pagadas a Pego, Rodríguez Estrada, Gorriarán y García de Paredes tuvieron que contar con más cómplices que el copresidente Julio Fernández Gayoso. Ese es el motivo de que ahora haya ampliado la imputación a los miembros de la comisión de retribuciones de la antigua entidad: Mauro Varela, copresidente de Novacaixagalicia, junto con Fernández Gayoso; Salvador Fernández Moreda, Pilar Cibrán y Alfonso Zulueta de Haz. Según algunas fuentes, se les acusaría de presunta colaboración al validar el pago de al menos 7,8 millones de euros (la cantidad que se les reclama de una suma que supera los 42 millones), en concepto de indemnizaciones por prejubilación que se adjudicaron sin autorización del consejo de administración de la entidad ni del Banco de España. En todo caso, algunos imputados aseguraban ayer desconocer el contenido del auto de imputación.
Abuso del cargo
¿Cómo se pactaron las jubilaciones de oro? Según los autos del 2012 del juez, en la última etapa de Novacaixagalicia, y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia los querellados abusaron de las funciones de su cargo al disponer fraudulentamente de bienes, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, a parte de las cuales no tenían derecho.
Según el documento del fiscal, el ex director general de Caixanova José Luis Pego cobró como indemnización 7,7 millones de euros, de los que el ministerio público señala que debe devolver 1,4 millones a NCG Banco; Gregorio Gorriarán, que cobró 4,8 millones, tendrá que reintegrar 913.602 euros, y Óscar Rodríguez Estrada, que percibió 691.230 euros, tendrá que devolver al banco 260.940 euros. A García de Paredes se le reclama que reintegre 5,2 millones porque los cobró de golpe, algo que no permitía su contrato.
A juicio de Ismael Moreno, los tres directivos de Caixanova contaron con la cooperación necesaria del expresidente de Caixanova y excopresidente de Novacaixagalicia, Fernández Gayoso, que ocultó al consejo de administración y al Banco de España el importe de las prejubilaciones.
Ante el juez, el expresidente esgrimió los mismos argumentos que sus compañeros de imputación: que los contratos por los que cobraron elevadas cantidades a su salida de la entidad fueron legales y que tanto el consejo como el Banco de España los conocían y aprobaron.
La instrucción sigue adelante después de que hace dos años reventara todo el caso, al revelarse los elevados montantes de las indemnizaciones, unas cantidades astronómicas que los consejeros dijeron haber conocido por la prensa.