En todo caso, guardan en la recámara otra demanda contra Francia y Polonia
14 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.En las agendas de los principales actores del naval español no queda un hueco libre hasta el día 17. De forma frenética se suceden las reuniones y el cruce de documentos con el fin de alcanzar su objetivo, que la resolución definitiva de la Comisión de la Competencia les dé la razón y nadie tenga que devolver ni un euro por las bonificaciones fiscales -tax lease- percibidas por la construcción de buques entre los años 2002 y 2011.
En público todos coinciden en que no imaginan otro escenario que no pase por que Almunia sufra el «ataque de sentido común» que le vienen reclamando y el colegio de comisarios dé marcha atrás en su pretensión de obligar a los inversores a devolver las ayudas. Pero en privado tienen dudas. Prueba de ello es que ya preparan planes B.
Uno de ellos sería interponer una denuncia tanto contra el comisario Joaquín Almunia como contra su antecesora, Neelie Kroes. Esta firmó en su día -año 2009- una carta a instancias de Noruega en la que afirmaba que la Comisión había investigado el sistema de tax lease español y que no tenía intención de adoptar medida alguna por considerar que no era discriminatorio. Ahora Almunia sostiene que dicha carta carece de valor jurídico.
Por el contrario, el sector considera vital el documento ya que, según esgrime, existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, que en una sentencia emitida en el 2010 equiparó los efectos jurídicos producidos por una carta firmada no ya por un comisario, sin por un director de la Dirección general de la Competencia, a los que se le atribuyen a una decisión de la Comisión Europea.
Trato discriminatorio
Sostienen fuentes del sector que, de confirmarse el borrador obligando a la devolución de las ayudas, Joaquín Almunia estaría firmando una resolución que iría contra la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo. «Esta resolución sería discriminatoria e iría en contra del criterio aplicado por la Comisión en el caso francés en 2006 y supondría también un trato discriminatorio para los inversores frente al resto de los operadores, astilleros y armadores», señalan las citadas fuentes.
La consulta de Noruega que dio origen a la respuesta de la comisaria Kroes buscaba, en cierta forma, seguridad jurídica ante eventuales contratos con astilleros españoles. De hecho, en el verano del 2008 el 30 % de la construcción naval en la ría de Vigo dependía del país nórdico. Hasta 18 barcos de apoyo a plataformas en alta mar y para trabajos a grandes profundidades tenían en cartera los astilleros vigueses.
El sector naval gallego insiste en que penalizar a los inversores sería herir de muerte al naval, ya que aquellos huirían hacia otros sectores industriales «haciendo inútil el nuevo sistema de tax lease aprobado por Bruselas el pasado noviembre». Asia podría ser el beneficiado.
Lanza el naval un penúltimo aviso (el último solo ellos lo conocen) a navegantes: «Si la Comisión Europa no pone fin a esta guerra comercial fratricida en el seno de la Unión, los astilleros españoles añadirán a la demanda ya interpuesta contra Holanda, otras que ya están preparadas contra Francia y Polonia».