El departamento que dirige Fátima Báñez, a través de unas instrucciones del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), está ordenando a los funcionarios que, a partir de esta misma semana, los mayores de 55 años que soliciten un subsidio de paro -prestación no contributiva de desempleo- puedan cobrarlo, como máximo, hasta los 61 años, franja de edad desde la cual ya es posible acogerse a una jubilación anticipada.
El principal problema de esta orden es que choca, frontalmente, con la propia Ley General de Seguridad Social. Hasta antes de que fuera reformada, la ley decía que el trabajador podría recibir el subsidio hasta la edad ordinaria de jubilación (65 años); a día de hoy, el artículo 216, modificado en julio del 2012, sostiene que la duración del subsidio se extenderá, como máximo, hasta que el trabajador alcance la edad que le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación, en cualquiera de sus modalidades. Pero esto puede ser a los 61 o a los 63 o 64 años, según cumpla con el requisito de años cotizados. Es decir, que las instrucciones del Sepe plantean un grave interrogante. ¿Qué va a ocurrir con los perceptores del subsidio que a los 61 años no reúnan las condiciones legales para acogerse a la jubilación anticipada? Y una segunda cuestión. ¿Quién es el servicio de empleo para decirle a un trabajador que se tiene que prejubilar, un asunto que es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social?
Estrategia
La circular del Sepe ha llevado a Comisiones Obreras a denunciar que, una vez más, el Gobierno urde una estrategia para recortar y hacer pagar la crisis a la parte más vulnerable de la ciudadanía. El ministerio sostiene, por su parte, que no hay nada nuevo al respecto y que el pasado verano ya se reformó la regulación de la jubilación anticipada y parcial.
En cualquier caso, si un perceptor del subsidio de desempleo reúne los requisitos de jubilación anticipada a los 61 años y se le fuerza a acogerse a ella, se enfrenta a una pérdida en la cuantía de su pensión que oscila entre el 18 y el 22 %, dependiendo de las causas del despido.