La desesperación lleva a las eólicas a pedir la ilegalización de los recortes

redacción / la voz

ECONOMÍA

Al no poder presentar un recurso de inconstitucionalidad propio, están desplegando una intensa campaña para tratar de convencer a los que sí pueden hacerlo: políticos y Gobierno autonómico

03 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) no cejará en su empeño de obligar al Ministerio de Industria a que rectifique y derogue el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sector eléctrico. Entre otras, restringe la elección de la opción de venta de energía y varía la actualización de las retribuciones que perciben las instalaciones renovables en función del IPC. En resumen, la norma recorta los ingresos de los parques eólicos (50 millones menos este año en Galicia, según la asociación). La entidad no puede presentar un recurso de inconstitucionalidad propio, por ello está desplegando una intensa campaña para tratar de convencer a los que sí pueden hacerlo: políticos y Gobierno autonómico. En total, EGA ha instado a 66 parlamentarios gallegos para que «ejerzan la defensa del sector» y recurran el real decreto ley, que contiene «vicios de inconstitucionalidad, ya que atenta gravemente contra la seguridad jurídica del sistema, contra el principio de confianza legítima y contra la expresa irretroactividad de las normas».

La asociación acusa al ministerio de practicar una «política energética totalmente improvisada, errática e incoherente, que pretende hacer responsable al sector eólico del déficit de tarifa, mediante una continua y sorprendente campaña pública de descrédito».

El secretario de la asociación, Íñigo Muniozguren, confía en que la Xunta escuche sus demandas y recurra el último real decreto ley, como ya hizo, recuerda, con una norma anterior que cierra la asignación de más primas a proyectos nuevos.

La batalla contra el ministerio por sus últimas decisiones sobre las energías renovables no se ciñe al ámbito gallego. La Junta de Andalucía acaba de presentar recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley de febrero.