Las empresas comercializadoras de energía eléctrica, que son las principales productoras, están tragando sapos y culebras. No satisfecho el Gobierno con implantarles nuevos impuestos a la generación, ahora las obligará a variar sus sistemas informáticos para poder aplicar el nuevo método de tarifas. Y deben hacerlo a conciencia para no equivocarse en la facturación y evitar que los consumidores se abalancen sobre ellas (más de lo habitual).
Alberto Bañón, director de Regulación de Unesa, la patronal eléctrica que reúne a las cinco grandes del sector, explica que el nuevo sistema de peajes obligará a las compañías a variar sus sistemas de facturación y las aplicaciones informáticas que utilizan para ello. Es una tarea «compleja», en la que están enfrascados los técnicos informáticos de las empresas para elaborar programas nuevos.
Estas compañías emiten anualmente en torno a 300 millones de recibos que a partir de enero deberán reflejar el nuevo término de progresividad. Bañón explica que el sistema de peajes ideado por el ministerio «no nos parece mal», pero es demasiado complicado. El director de Regulación de Unesa recuerda que hasta el 2009 se aplicaron ya baremos para penalizar los consumos en exceso, pero eran mucho más sencillos que los que el Gobierno pretende implantar desde enero. De hecho, Unesa ha presentado alegaciones a la orden ministerial en cuestión y una de ellas es que se elabore un «esquema más sencillo».
Posible prórroga
La complejidad es tal que las empresas podrían no estar técnicamente preparadas para emitir las nuevas facturas a tiempo. No se descarta una prórroga para aplicar los nuevos peajes.
Bañón resalta que las empresas no ganarán más con este sistema, dado que la recaudación irá a parar a las arcas del Estado.
Tras la última reforma -tres cambios regulatorios de cierto peso en un año y todos con claro afán recaudatorio-, las protestas han arreciado. Desde las asociaciones de consumidores hasta 17 patronales industriales que advierten que se va a producir un «cierre de empresas en cadena». Y es que ni empresas ni ciudadanos terminan de acostumbrarse a que el Gobierno diga una cosa y luego haga lo contrario.