El juzgado Mercantil número 3 de Pontevedra subastó ayer en Vigo dos plantas conserveras en Ribadumia y Vilaxoán (Vilagarcía) y la marca Miau, bienes, todos ellos, que habían pertenecido al grupo Alfageme, ahora en proceso concursal. En esa subasta fue la Xunta la que se hizo con las naves y con los derechos sobre la marca. Lo hizo después de pagar 350.000 euros por la fábrica de Vilaxoán, 210.000 por la de Ribadumia, y 220.000 por el distintivo Miau. El precio que la Administración autonómica abonó a través del Igape -que se restará a la deuda de 30 millones que la Xunta reclama a Alfageme- es el 70% del marcado como salida, salvo en el caso de la marca comercial, que se duplicó al haber pujado una empresa por ella, según informa E. V. Pita desde la delegación de La Voz de Galicia en Vigo.
La subasta no estuvo exenta de incidentes, pues uno de los antiguos propietarios de Alfageme, Gustavo Lago, acudió al acto y fue increpado por trabajadores, si bien el propio afectado restaba importancia al incidente y aseguraba que había sido una única persona la que se encaró con el que fue administrador.
Próximos pasos
Ahora bien, una vez que marca y fábricas están ya en poder de la administración, la pregunta es: ¿Qué ocurrirá ahora? El objetivo que la Xunta se marca al hacerse con estos bienes es buscar, según confirmaba ayer mismo, la mejor fórmula para garantizar la reactivación de la empresa y la recuperación de los puestos de trabajo. Con ese reto en el punto de mira, desde este momento el Ejecutivo autonómico, como propietario de las fábricas y la marca del antiguo grupo Alfageme, iniciará nuevos contactos con el sector conservero gallego. La finalidad de estas conversaciones será «atopar a mellor fórmula capaz de garantir a reactivación do proceso produtivo», sin perder de vista «a legalidade e os intereses patrimoniais da Administración».
Desde la Consellería de Industria aseguran que su primera opción será tratar de salvar el empleo y la actividad. Y solo en el caso de que esto no sea posible se barajarán otras alternativas. Por el momento, no se da nada por descartado, ni siquiera la posibilidad de que las fábricas acaben en manos ajenas al sector conservero, pero eso solo ocurrirá, insisten desde el departamento que dirige Francisco Conde, si fracasa la primera opción, que no es otra que la reactivación del proceso productivo.
Tampoco se marca plazos la Xunta. Pese a que los sindicatos aseguraban después de la subasta que el juzgado había establecido un plazo de veinte días para que la Xunta adjudicase los bienes a una empresa, desde la consellería afirmaban ayer que trabajaban sin horizonte temporal alguno.
Las centrales sindicales reclaman que se adjudiquen los bienes en veinte días y que se haga a una empresa que garantice la reactivación de la actividad conservera en Ribadumia y Vilaxoán y la recuperación de los 150 puestos de trabajo. El procedimiento que se emplee para hacerlo, dicen, es competencia de la Xunta, como propietaria, definirlo, pero sí reclaman que se garantice la reanudación de la actividad y la reincorporación de la plantilla.
La empresa cántabra Consorcio presentó una oferta hace año y medio para hacerse con estos tres bienes garantizando los puestos de trabajo. Pese a que entonces la Xunta le mostró su apoyo, ayer la Administración autonómica dudaba del interés real de esta y otras empresas en hacerse con las plantas conserveras arousanas. Si verdaderamente estuviesen interesadas, argumentan desde Industria, se habrían presentado a la subasta.