El Gobierno proyecta despedir a miles de empleados públicos

Prescindirá de ellos con una reforma de la Admnistración con la que pretende ahorrar 80.000 millones

Colpisa

Tras la batalla ganada en el último Consejo Europeo, Mariano Rajoy pisa el acelerador de las reformas y ajustes para refrendar ante sus socios europeos el inequívoco compromiso del Gobierno español con la reducción del déficit. El presidente adelantó el lunes a la cúpula de su partido que regresan los conocidos como viernes de dolores, es decir que los próximos Consejos de Ministros incluirían nuevos ajustes, entre ellos la posible subida del IVA. Citó, de manera explícita, la reforma de la Administración que el Ejecutivo tenía previsto encarar en septiembre, pero que podría aprobarse en la reunión ministerial del 27 de julio, o antes.

El Ejecutivo pretende lograr que el peso del sector público de todas las Administraciones equivalga a un máximo del 35 % del producto interior bruto, frente al 43,6 % que tiene ahora, según los datos del Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a la Comisión Europea el pasado abril. El Ministerio de Hacienda aún perfila la memoria económica de esta reforma, pero fuentes del Gobierno cifran en unos 80.000 millones de euros el ahorro que se pretende lograr en toda la legislatura.

Un ambicioso tijeretazo que supondrá el «despido de miles» de empleados públicos que podrá ejecutarse gracias a la reforma laboral aprobada definitivamente la semana pasada en el Congreso. Los principales afectados serán los 150.000 trabajadores de las empresas públicas estatales, los interinos de las tres Administraciones y todo aquel trabajador público que no sea funcionario (los únicos que quedan a salvo del tijeretazo).

Plantillas sobredimensionadas

El Gobierno quiere podar todas las Administraciones porque considera sobredimensionada la actual plantilla laboral de las Administraciones públicas, que supera los 3,16 millones de trabajadores, de los que 1,7 millones pertenecen a las comunidades autónomas, 620.000 a los ayuntamientos, algo más de medio millón a la Administración central, y a las empresas e instituciones públicas, más de 150.000. Una medida que un dirigente del PP califica de «muy dolorosa», pero imprescindible.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas requirió en febrero al resto de los departamentos un informe en el que se detallasen todos los organismos prescindibles o susceptibles de ser privatizados, datos que algunos ministerios aún no han remitido.

Una de las principales dificultades de este ajuste es que el Gobierno central solo puede acometerlo en las sociedades que estén bajo su control. El problema es que las comunidades autónomas y los ayuntamientos aglutinan un total de 2.372 empresas públicas, de las 626 son fundaciones y 1.055 consorcios.

Rajoy ya ha advertido a los presidentes de comunidades gobernadas por el PP que deberán secundar este nuevo «sacrificio».

El Consejo de Ministros solo podrá hacer recomendaciones sobre la necesidad de aplicar este ajuste al País Vasco, Asturias y Andalucía, gobernadas por el PSOE; Cataluña, regida por CiU; Navarra, con Gobierno en minoría de Unión del Pueblo Navarro; y Canarias, bajo el control de los nacionalistas insulares.

La reforma de la Administración pública será uno de los «esfuerzos adicionales» que el Gobierno adoptará para cumplir los compromisos de déficit y asegurar que la senda de la consolidación fiscal «sigue el ritmo adecuado», según confirmó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El responsable económico recalcó que el saneamiento de la banca «está ya encauzado» y que donde están las «dudas» es en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Cumplir el objetivo de déficit en un presupuesto «para los próximos dos años» es algo con lo que el Gobierno «está absolutamente comprometido» y hará «todo lo que considere imprescindible», remarcó el responsable de Economía durante su intervención en un desayuno informativo. Aún más, añadió que el Ejecutivo va a «vigilar estrechamente» que las comunidades autónomas y los ayuntamientos respeten el equilibrio presupuestario.

Subida del IVA

Los «esfuerzos adicionales» apuntados por De Guindos podrían incorporar también el incremento del IVA, y ya este mismo verano, con la supresión de los tipos reducidos y superreducidos del 8 y 4 %, respectivamente, que pasarían al 18 %.

Con los bolsillos de los consumidores cada vez más vacíos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, abonó desde Berlín el terreno de los nuevos recortes. Desde la capital alemana, adelantó que el Gobierno prepara un «paquete de restricciones presupuestarias muy severo».

La amenaza de nuevos recortes parece haber sentado bien en los mercados. Después de un lunes agitado debido a la negativa de Finlandia y Holanda a la compra de deuda soberana de los Estados por parte del nuevo fondo de rescate permanente (MEDE) y con la prima de riesgo en 486 puntos, por encima de la irlandesa, ayer subió la Bolsa un 1,34 %, superando por primera vez desde abril los 7.200 puntos, y la prima de riesgo se relajó hasta los 471.

Esta reacción se explica también por la esperanza de los inversores de que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés del 1 % al 0,75 %, el nivel más bajo de la historia.

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