Aunque el límite de 2.500 euros para el pago de facturas en efectivo será la única medida que entrará en vigor «lo más rápido posible», dentro de las incluidas en el plan de lucha contra el fraude que hoy aprueba el Consejo de Ministros y que se aplicarán a partir del 1 de enero del próximo año, el Gobierno no ha concretado cómo controlará su cumplimiento.
Ni el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre; ni la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, que participaron ayer en una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), ni tampoco el ministro Montoro, en el Congreso, detallaron de qué modo se verificará que realmente se cumple el límite al pago en efectivo o si, por el contrario, se burla. Por ejemplo, recurriendo a abonos fraccionados por cantidades inferiores a los 2.500 euros.
Sobre lo que sí se pronunciaron fue sobre el importe de la limitación, más cercano a los 3.000 euros que aplica Francia que a los 1.000 de Italia. Ferre explicó que el límite italiano era demasiado bajo, mientras que el escogido es «lo más razonable». «En Hacienda creemos que un pago en efectivo de hasta 2.500 euros entra dentro de lo normal, pero a partir de ahí estimamos que no se justifica un desembolso con fajos de billetes. Por seguridad y sentido común», sentenció el secretario de Estado.
Multas para los implicados
Ferre dijo que en cualquier operación fraudulenta que se detecte, tanto el pagador como el receptor de la cantidad serán responsables y multados por ello.
Por su parte, la directora de la Agencia Tributaria, si bien consideró que no se podía penalizar el pago en efectivo «desde el primer euro», en relación al tope establecido manifestó que había sido una «opción de política legislativa», es decir, una decisión del Gobierno en la que la Administración Tributaria no había participado.
Viana subrayó que el pago en metálico puede encubrir actuaciones fraudulentas y que su limitación complementará el plan de control de los billetes de alta denominación (de 500 y 200 euros), que desde su puesta en marcha en el 2007 ha producido una recaudación total de 1.397 millones de euros.
Destacó también otras líneas de detección del fraude en las que se intensificará el trabajo, como la relativa a las solicitudes de aplazamientos de pagos tributarios, en las que anticiparán medidas cautelares para evitar la desaparición de los bienes cuando el fisco trate de cobrar, o la adopción de embargos preventivos de bienes y derechos para impedir que se oculte o haga desaparecer el patrimonio.
Devoluciones exprés del IRPF
En lo que respecta a la campaña de la renta, Viana anunció que en solo dos días se han acordado 17.924 devoluciones, «más del triple que el año pasado en el mismo período». Además, por el colapso de la web, Hacienda ampliará hasta el domingo el plazo para presentar declaraciones con domiciliación bancaria.