El Banco de España dirimirá si Gayoso puede continuar en NCG

La Xunta alega que no tiene competencias y traslada al supervisor una denuncia de UGT sobre una posible incompatibilidad del directivo


redacción / la voz

La posible incompatibilidad de Julio Fernández Gayoso como consejero del Banco Gallego, copresidente de Novacaixagalicia -y por ello hoy consejero de NCG Banco- tendrá que resolverla el Banco de España. La incompatibilidad es por una acumulación de cargos, algo que veta la actual ley gallega de cajas en su artículo 28, aunque se trate de entidades coparticipadas. La denuncia la presentó en mayo el sindicato UGT. Lo hizo ante la Xunta de Galicia al entender que este organismo era el responsable de resolver esa situación, en tanto que tiene el control de las cajas de ahorros. Sin embargo, la Consellería de Facenda remitió el caso al Banco de España al entender que no tiene competencias sobre esa materia. Desde hace unas semanas, el supervisor dispone de ese caso ya sobre su mesa.

Para remitir esa denuncia a Madrid, el Gobierno gallego se escuda en que no es competente en tanto que Gayoso está hoy en una entidad, NCG Banco, al margen del control de la comunidad autónoma; no es ya una caja de ahorros, sino una sociedad anónima. Ese banco está legamente constituido desde mediados de septiembre, cuando vencía el plazo de tres meses que tenía Facenda para contestar a UGT.

Gayoso está en el nuevo consejo del banco como representante de la caja (también Mauro Varela). A juicio del sindicato, Gayoso no puede pertenecer al consejo de dos entidades financieras diferentes y competidoras, como son Novacaixagalicia y el Banco Gallego, aunque la segunda es una participada de la caja. Gayoso es vicepresidente del Banco Gallego, con carácter ejecutivo; cobró 67.000 euros en el 2010 por ese puesto, cantidad similar a la percibida por copresidir el consejo de Novacaixagalicia.

Ya en el 2010 UGT recibió una contestación del Banco de España por otra denuncia sobre la incompatibilidad de Gayoso (en este caso porque su edad excedía el tope máximo), alegando que se trataba de un asunto exclusivo de la Xunta.

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