El nuevo impuesto para quienes tengan patrimonios superiores al millón de euros afectaría a seis integrantes del Ejecutivo
22 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Pese a que el impuesto con el que «los que más tienen» deberán contribuir al erario público aún no es más que un enunciado del presidente Zapatero, de fijarse finalmente -como apuntan los rumores- para aquellos ciudadanos cuyas fortunas (patrimonio, rentas o ambos) superen el millón de euros, seis miembros del Ejecutivo se verían afectados por el nuevo gravamen.
Y es que, según los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado el 15 de octubre pasado, en cumplimiento de la antigua ley de incompatibilidades (actualmente Ley de Conflictos de Intereses de Altos Cargos), el ránking de ricos en el Ejecutivo lo encabezan la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia; seguida de Miguel Sebastián, responsable de Industria; y del de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Al mismo club del millón se suman tres secretarios de Estado: los de Economía, Medio Rural y Agua y Telecomunicaciones, ya que también superan ese apetitoso listón.
Garmendia, 4,4 millones
Cristina Garmendia tiene un patrimonio cercano a los 4,4 millones de euros; mientras que el de Sebastián asciende a 1,7 millones y el de Rubalcaba a 1,2. A las puertas del límite se queda la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, cuyo patrimonio neto se sitúa en 976.934 euros.
Ni el presidente del Gobierno ni tampoco los vicepresidentes primero y tercero, María Teresa Fernández de la Vega y Manuel Chaves respectivamente, se acercan al calificativo de millonarios. Zapatero declaró un patrimonio de 209.206 euros, de los que 80.847 euros corresponden a deuda, con lo que sus bienes netos se situarían en 128.359 euros. Por su parte, De la Vega declaró unos bienes netos de 569.789 euros y Chaves de apenas 68.964 euros. Quienes también tendrían que pagar el nuevo tributo serían el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, cuyo patrimonio supera los dos millones de euros (1,2 millones descontando los préstamos); su homólogo de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, con casi 1,9 millones netos, y Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones, cuyos bienes ascienden a 1,4 millones (a los que hay que descontar casi 117.000 euros de deuda).
El «truco» del valor catastral
Las fortunas declaradas por los miembros del Ejecutivo son, en realidad, mucho más elevadas de lo que el BOE refleja ya que el patrimonio declarado se corresponde, en el caso de los inmuebles, a su valor catastral, más bajo que el de mercado, incluso pese a la contracción de los precios. A esto, además, hay que sumar el hecho de que quienes estén casados y declaren en régimen de gananciales solo lo hacen sobre la mitad del valor de sus bienes.
En cualquier caso, la aprobación de los recortes de salario para los trabajadores públicos y la congelación de las pensiones ha provocado una oleada de críticas, pese a la afirmación de que se instituirá un gravamen para los más ricos.
Tanto los sindicatos como los expertos -entre ellos los inspectores y los técnicos de Hacienda- no cesan de proponer al Ejecutivo recetas alternativas para contener y reducir el déficit sin necesidad de cargar sobre «los de siempre» el coste del ajuste. Recuperar el impuesto de patrimonio, eliminar las ventajas de las rentas del ahorro a las ganancias patrimoniales especulativas, incluir nuevos tramos en la tarifa del IRPF elevando hasta el 50% el tipo, luchar contra el fraude o tocar las sicav (vehículo de inversión de las grandes fortunas) son algunas de las propuestas.