En el sector creen muy difícil que la mayoría de los adjudicatarios cumplan los requisitos para seguir el proceso
30 mar 2009 . Actualizado a las 02:10 h.El PP gallego sabe que la eólica será una de las primeras pruebas de fuego tras su aterrizaje en el Gobierno de la Xunta. El futuro presidente autonómico, Núñez Feijoo, quiere adoptar una decisión rápida sobre el polémico concurso eólico, que prometió anular durante la campaña electoral. De manera oficiosa, el líder del PP ha encargado al Consello Consultivo de Galicia que inicie un nuevo informe sobre el reparto de los parques y sobre el decreto sectorial aprobado en el 2007.
Será el segundo análisis del Consultivo sobre el polémico documento que sirvió de base para repartir en diciembre del 2008 un total de 2.290,7 megavatios entre 29 empresas, el mayor concurso del sector abierto hasta ahora en España. En la primera valoración jurídica se habían cuestionado figuras básicas, como las cesiones públicas a las que se obligó a los nuevos concesionarios. El conselleiro de Industria, el nacionalista Fernando Blanco, realizó varias correcciones en el decreto. Desde entonces no hubo más informes jurídicos en la Xunta.
Ahora el PP quiere otro. Y sus conclusiones serán definitivas para adoptar una «decisión rápida». En el sector, sin embargo, hay un convencimiento generalizado de que, al margen de las dudas jurídicas, a las empresas premiadas en el reparto les será «muy difícil» cumplir las condiciones del concurso. En dos semanas, las compañías deberán presentar los proyectos de los 178 parques admitidos. Y una de las condiciones que podrían resultar excluyentes es la acreditación de los puntos de interconexión a la red eléctrica, un requisito contemplado en el artículo 13 del decreto eólico.
Las empresas están obligadas a aportar un proyecto técnico, el estudio ambiental de cada parque, los compromisos industriales asociados y el mencionado enganche a la red eléctrica. Este último se puede acreditar por parte de Red Eléctrica, de Unión Fenosa, o mediante un convenio de evacuación suscrito entre varios promotores. Los técnicos creen que no ha habido tiempo material para extender las certificaciones. Y consideran que cerca del 80% de las ofertas podrían tener problemas con los puntos de evacuación, un aspecto que el PP podría usar para excluirlas y plantear la conveniencia de un nuevo reparto.
Este no sería el único escollo en esta segunda fase. Muchos anteproyectos se escudaron en informes de horas viento de dudosa credibilidad. Las ingenierías que operan con el sector confirman que hay una intensa compraventa de datos horarios en las últimas semanas. Además, todos los proyectos deben acreditar su solvencia económica, algo que tampoco es fácil en el contexto actual.
Un diálogo imprescindible
Las empresas consideran «lógico» abrir un diálogo con la nueva Xunta para discutir el futuro del sector. Los cuatro grandes (Fenosa, Iberdrola, Endesa y Acciona) quieren tomar la delantera y pretenden negociar un encuentro con Núñez Feijoo para conocer sus intenciones. Los pesos pesados eólicos creen que el objetivo de tener en marcha nuevos parques en el 2012 (cuando deberán revisarse las primas del sector) es ya imposible. Y prefieren apostar por un modelo que satisfaga a todas las partes. «La urgencia pasa por anular el concurso, no por convocar el siguiente», comenta una fuente empresarial.
El PP podría echar mano de los fallos administrativos para anular el reparto, pero el entorno de Feijoo es más proclive a contar con argumentos jurídicos que invaliden el decreto eólico. Esta vía implicaría redactar un nuevo decreto para repetir el concurso en el plazo de un año. Pero en el PP preocupa, y mucho, llegar a un acuerdo con los operadores eólicos, tanto los tradicionales como los nuevos. Quieren evitar que un sector estratégico gallego se convierta en otra bomba de relojería, sobre la que, además, la oposición, y en especial el BNG, clavará su mirada.