Competencia acaba de imponer una multa de 500 millones de euros a Microsoft, y la directora general adjunta sonríe cuando se le pregunta qué sistema operativo usa en su ordenador.
-Si todos reclamáramos, Microsoft se arruinaba.
-Esa sanción fue impuesta en el ámbito del mercado de los servidores y los reproductores multimedia, no de los sistemas operativos. Pero como a cualquier gran empresa, lo que más le duele a Microsoft es el coste en imagen, no solo la multa.
- El sistema americano permite reclamar ante un tribunal daños y perjuicios por prácticas anticompetitivas. ¿Es un modelo más eficaz?
-Prima la defensa privada de los intereses individuales, y el europeo considera que la defensa de la competencia y la protección del consumidor es un bien público, aunque esa actuación debe estar complementada con la posibilidad de que los particulares reclamen. La idea es que esas demandas sean un instrumento complementario que desincentive esas prácticas ilegales y permita resarcir al ciudadano.
-¿Valoran ustedes los efectos sociales de sus decisiones?
-Se tienen en cuenta las circunstancias y procuramos que la decisión sea proporcionada.
-¿Les amenazan las empresas con deslocalizar si sufren una decisión negativa?
-Es frecuente, pero una amenaza de deslocalización no puede, por sí sola, determinar la adopción de una decisión.
-¿Pactan las multas?
-No. Pero hemos puesto en marcha un proyecto cuya idea es hacer posible que, en determinadas circunstancias, se pueda cerrar un expediente acordando con las empresas que reconozcan la infracción el pago de una multa inferior a la que les hubiera correspondido sin el pacto.