El sistema público de pensiones correrá peligro dentro de cuatro años si no se adoptan reformas mucho más profundas que las alcanzadas en mayo del 2006, consensuadas entre el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CC.?OO. y UGT, según el nuevo director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, David Taguas. En su opinión, los cambios deben orientarse a retrasar la edad de jubilación a los 70 años, a computar toda la vida laboral de los trabajadores para fijar la cuantía de la pensión, y a que la subida anual de las prestaciones sea inferior a la de los precios. Taguas ha sustituido en el cargo a Miguel Sebastián, actual candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid. Su visión de futuro figura en un artículo publicado en la revista de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) y compartido por María Jesús Sáez, miembro de la Intervención General de la Seguridad Social. Sus pronósticos recogen que «en ausencia de cambios normativos» dentro de cuatro años (2011) o a lo más tardar dentro de ocho (2015), el sistema de prestaciones contributivas (propias de los trabajadores) «podría incurrir en déficit». El origen de los números rojos estará en que los gastos generados por los pensionistas serán superiores a las aportaciones de los trabajadores. Respecto al fondo de garantía, creado para afrontar el pago de las prestaciones en momentos de declive económico, Taguas alerta de que su operatividad tendrá fecha de caducidad, es decir, tan sólo servirá para subsanar los déficits de entre siete y 10 años. «En España, aún considerando escenarios demográficos y macroeconómicos favorables, parece probable que el gasto en pensiones contributivas se duplique sobradamente durante las próximas cinco décadas», subraya el artículo. El principal motivo de este crecimiento radicará en el aumento de la tasa de dependencia. Los autores del documento resaltan que hacia el 2050, la deuda acumulada, derivada de los compromisos implícitos del sistema de prestaciones «podría ascender a 1,83 veces el producto interior bruto del 2004». El desequilibrio requeriría un ajuste del gasto del 1,5%, cada año si se empezara la aplicación de una nueva política de pensiones a partir del 2007. Sáez y Taguas aseguran que computar toda la vida laboral, en lugar de los últimos 15 años como ocurre ahora, reduciría la pensión media entre un 10 y un 30%; pero sería una medida insuficiente porque sólo afectaría a los nuevos perceptores.