El presidente del Santander, Emilio Botín, deberá declarar en calidad de imputado el próximo 2 de octubre, junto a otros dos ejecutivos del Grupo Santander, por la supuesta manipulación de sus cuentas anuales correspondientes al 2001. El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid les ha citado para esa fecha tras admitir a trámite la querella de un accionista del banco, que les acusa de realizar distintos «artificios financieros» para ocultar las pérdidas «reales» que tenía entonces la sociedad por la crisis del llamado corralito argentino (la congelación de los depósitos bancarios por el Estado). Beneficios «ficticios» Según la acusación, con ese maquillaje contable los ahora imputados lograron presentar unos beneficios «ficticios» de 1.250 millones de euros, cuando en realidad el grupo tenía unos números rojos de 750 millones. El motivo de esta presunta ocultación sería, en opinión del abogado Antonio Panea -también acusador de Botín en otros casos-, generar unos ingresos injustificados para los miembros del consejo de administración, que vendrían dados por su participación en el porcentaje que les correspondería en las ganancias «irreales» apuntadas para el banco en ese año. Esta presunta conducta de Emilio Botín, que se hace extensible al secretario del consejo del Santander, Ignacio Benjumea, y al consejero de SCH Medina, José María Araluce, es calificada en la querella como un presunto delito societario (manipulación de las cuentas de la entidad) y otro de apropiación indebida.