Las entidades financieras cobran a los solicitantes el 2% del capital garantizado por respaldar ante terceros su capacidad de pago
28 sep 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Comprar o alquilar una vivienda, cambiar de coche o pedir un crédito. En estos y otros casos suele ser necesario presentar un aval bancario, un documento en el que un banco o caja garantiza que la empresa que vende o presta un servicio recibirá su dinero, aunque el solicitante del aval no pague su deuda. Todos ganan: el solicitante porque puede comprar; la empresa porque, pase lo que pase, cobrará; y la entidad financiera porque ingresará, en concepto de comisiones, una cantidad cercana al 2% del capital avalado. Existen tres tipos de avales: los técnicos, los económicos y los financieros. Los económicos son necesarios para el alquiler o la adquisición de una vivienda, terreno o local, o para hacer frente a plazos anticipados por transacciones de compra o venta. Los avales financieros se emplean en las operaciones financieras, como préstamos o créditos. Éstos dos tipos son los más utilizados por los particulares en sus actividades económicas y comerciales. Por último, los avales técnicos son aquéllos que utilizan las empresas en los concursos públicos, las ejecuciones de obras, las subastas o los contratos de suministros. No definitivos Las entidades financieras también conceden preavales, que son documentos de carácter revocable (esto es, no definitivos) en los que declaran su intención de suscribir el aval definitivo. Suelen ser necesarios para cumplimentar los trámites previos en adjudicaciones o concesiones. La concesión de un aval implica el pago de tres de comisiones por parte del particular o empresa que lo pide. En primer lugar, por el mero hecho de considerar una solicitud, aunque no se conceda, el banco o caja cobra unos gastos de estudio, del 0,25 al 0,5% del capital avalado. Suscripción del aval Una vez que se ha decidido su formalización, se aplica la comisión de apertura, que oscila entre el 0,25 y el 1,50%, según la entidad. Además, cada 90 días durante el tiempo en el que el aval permanece en vigor, el banco o caja cobra una cantidad, entre el 0,50 y el 1,25%, denominada comisión por riesgo. A diferencia de la comisión de apertura, depende del tipo de aval solicitado. Los técnicos suelen ser más baratos, alrededor de un cuarto de punto, que los económicos o los financieros. Además, existen diferencias en función del plazo del aval. Así, si se pide a más de un año, el solicitante tendrá que pagar más, un cuarto de punto aproximadamente, que si la validez del documento fuera inferior a doce meses. La tramitación de un aval es similar a la de cualquier crédito o préstamo. La solicitud deberá incluir la entidad o empresa ante la que se va a presentar, así como el importe avalado y el plazo. También hay que aportar documentación que acredite la solvencia y capacidad económica del solicitante.