Niega que haya realizado inversiones en productos fiscalmente opacos El Obispado de Bilbao admitió ayer que adquirió títulos que fueron depositados en BBV Privanza Jersey. Al mismo tiempo, la institución niega que haya realizado inversión alguna en «productos financieros fiscalmente opacos». Recurrió a la filial de la entidad bancaria «por razón de mejor gestión administrativa».
14 may 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El Obispado de Bilbao emitió un comunicado de prensa en el que niega rotundamente la información publicada en un diario electrónico que aseguraba que la institución figura en la lista de residentes españoles que invirtieron en productos financieros fiscalmente opacos que el BBV ofrecía a través de filiar en el paraíso fiscal de Jersey. El Obispado reconoce que «en el período 1998-2000 realizó inversiones financieras, por valor de 1.330.171,48 euros, en títulos reconocidos internacionalmente y con cotización oficial en sus mercados públicos organizados correspondientes». La inversión se hizo «a nombre del Obispado de Bilbao y a través de BBV», entidad financiera con la que la institución religiosa «ha venido trabajando desde su creación». Los títulos fueron depositados en BBV Privanza Jersey «por razón de mejor gestión administrativa», precisa el comunicado de prensa, que agrega que «todas estas inversiones fueron debidamente contabilizadas en las cuentas del Obispado e incorporadas a los balances que anualmente se han presentado a la autoridad fiscal competente». Herencia Según recalca la nota, en el año 2001 le fue comunicado al Obispado que «parte de una herencia de la que era beneficiario estaba depositada en BBV Privanza Jersey» y ese legado se hizo efectivo este año, «después de haberse declarado y liquidado el correspondiente Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a la autoridad fiscal competente». Por otra parte, fuentes del BBVA negaron que el juez Garzón haya solicitado un listado de los clientes que utilizaron la estructura de Jersey, pues no se puede facilitar por razones legales. Precisaron que lo que el magistrado ha pedido es un listado de las operaciones superiores a los 60.100 euros que realizaron ciudadanos o instituciones con residencia en España.