El eurodiputado Manuel Pérez, en su interpelación, reclamaba la intervención urgente de la Comisión por varias razones. Por una parte, porque las numerosas reuniones bilaterales mantenidas entre Francia y España no han llevado a ninguna solución. Por otra, porque recuerda que «el colectivo afectado está compuesto por personas mayores y que por su edad puede que abandonen o, incluso, olviden la reclamación para que Francia liquide los derechos que adquirieron al cotizar a la seguridad social». También apunta que algunos de ellos llevan casi una década esperando, ya que Francia ha excedido en más de cuatro años el plazo que se le había otorgado para resolver estos expedientes, comprendido inicialmente entre 1992 y 1997. Para tomar la decisión de abrir el expediente, la Comisión Europea ha tomado en cuenta, además de la denuncia hecha por Manuel Pérez, los documentos aportados por un ciudadano español sobre la misma cuestión. De los más de 5.000 emigrantes afectados por la tardanza de Francia en resolver el problema de las pensiones se encuentran 220 gallegos. Sin embargo, existen otras comunidades más afectadas. Así, en Andalucía se concentran peticiones de 2.630 jubilados, 1.267 de Castilla-León, y 1.186 de la Comunidad Valenciana.