El PSOE de Lalín presentó ayer el programa Lalín Aluga que tiene como objetivo poner en marcha medidas que ayuden a facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a precios asequibles a los vecinos e incrementar la oferta. La iniciativa fue presentada por la portavoz municipal, Alba Forno, y el secretario de política municipal, Daniel Santalla.
Este último puso el foco «nun problema difícil de enfocar» reconociendo que «os concellos non son os que máis competencias teñen na materia». Destacó la falta de vivienda tanto en el rural como en el casco urbano y las dificultades para acceder a ella «a un prezo digno» y la escasez de oferta pese a la abundancia de pisos y casas vacías.
Los socialistas proponen un plan que se marca como objetivo conectar a propietarios, inquilinos, concello e inmobiliarias. Recuerdan que el Concello de Lalín había contratado en su día por 8.000 euros un estudio para analizar la situación de la vivienda y «pedimos acceso a él pero é un estudo moi pobre»., De él extrajeron datos como el que el 28 % de la vivienda en Lalín está desocupada. En el registro de la Xunta están inscritos, dicen, 85 demandantes de vivienda pública, el doble de hace unos años, y consideran que los proyectos en marcha con un edificio de 17 viviendas en Lalín se queda muy escaso.
Cifran en un 40% la subida del precio de los alquileres en la última década y en más de un 10% del 2022 al 2024. Forno señala que en los portales de las inmobiliarias «a máis barata está a 550 euros, un prezo que é difícil que unha persoa se poda permitir e o metro cadrado, segundo Idealista, está a 790 euros».
Proponen una colaboración a cuatro bandas para crear «un marco de seguridade para os propietarios» y en el que el papel del Concello sería «ofrecer garantías» y se establecerían unos precios de referencia por zonas. Entienden que el Concello «non é nin pode ser unha inmobiliaria» pero creen que tendría que formar parte del programa. Proponen la creación de una oficina municipal de vivienda en la que informar a los demandantes de vivienda y derivarlos a las inmobiliarias que se apunten al programa. El Concello, apuntan, tendría también que encargarse de contratar un seguro para hacer frente a posibles impagos y actos vandálicos y acompañar a las partes en el proceso. Santalla y Forno defienden que estas propuestas fueron llevadas a cabo con éxito en ciudades como la de Avilés y consideran que «co concello como garante» habrá más propietarios que se animen a poner sus viviendas en alquiler tanto en el rural como en el caso urbano. Demandan también la posibilidad de aplicar incentivos como bonificaciones en el IBI, el ICIO o ayudas para el acondicionamiento de las viviendas.
Creen que este es un plan «colaborativo e seguro» y que puede ayudar a ampliar la oferta de vivienda que hay en la actualidad en el mercado y que es muy escasa y no cubre la demanda, como a reducir los precios señalando que los que propietarios que participasen en el programa «cobrarían algo menos pero gañarían en seguridade».
Parte del éxito dependerá, dicen, de la capacidad de movilizar vivienda que ahora está parada en parte por el miedo de los propietarios.