Pretendía la Xunta finiquitar con el año en curso el Consorcio de Igualdade e Benestar. Y para ello, dejar a cero las cuentas de la entidad. En ese cálculo, la administración autonómica puso sobre la mesa de los ayuntamientos el pasado verano una serie de reclamaciones por el funcionamiento de las guarderías de la Galiña Azul, con miles de euros que les adeudarían los distintos municipios. En realidad, la reclamación venía ya de atrás, y fueron ya anteriores corporaciones las que mostraron el desacuerdo con las liquidaciones practicadas. No sirvió de nada, y ya con los nuevos gobiernos municipales al frente se reiteraron las cartas. Tanto los ejecutivos de Lalín como de Silleda levantaron la voz frente a los pretendidos cobros, que entendían abusivos e injustificados a la vista de los convenios suscritos en su día. Pero también desde filas populares, como Forcarei y Cerdedo, se alegó contra las liquidaciones que mejorarían sustancialmente los números del Consorcio.
Para rematar la cuestión, desde la Xunta se apuntó una posible condonación del 50 % a quienes acepten las condiciones de los nuevos convenios. Y alcaldes como el de Silleda no lo ven serio: opina que todo parece un globo sonda para comprobar hasta dónde están dispuestos a aceptar pagar. El presidente de la Fegamp, Alfredo García, señala que el rechazo de la propuesta de la administración autonómica es generalizado, por lo que reclama un diálogo inexistente con la directiva que él encabeza. Cree que la Xunta «lle está dando unha volta ao novo convenio». Pero en los ayuntamientos nada se sabe: pero de deuda al Consorcio, no quieren ni oír hablar.