Su letrada defiende que en el proceso de las obras «no hay nada fuera de orden»
20 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde de Dozón, Adolfo Campos, interrumpió sus vacaciones en A Lanzada para acudir a declarar al Juzgado número 2 de Lalín en calidad de investigado en relación a un presunto caso de fraude de subvenciones de obras del plan E realizadas en el 2010. Lo hizo acompañado del secretario del Concello, Antonio Campos. A las diez de la mañana entraba en el edificio judicial sonriendo y de buen humor.
A la salida junto a él, su letrada, la abogada coruñesa Beatriz Seijo Méndez, señalaba que no es plato de gusto acudir al Juzgado y salir en la foto pero que a nadie le molesta colaborar con la Justicia. El regidor se acogió a su derecho de no declarar y dejará que hable la documentación.
Su abogada explicaba que dado que el asunto que se investiga son tramitaciones administrativas, entiende que lo normal es que sean los papeles los que demuestren que las actuaciones realizadas cumplieron en todo momento con los trámites correspondientes. Destacó que pasaron los trámites administrativos y no hay nada fuera de orden.
Tanto el alcalde como el secretario fueron llamados a declarar ante el juez y una oficial del Juzgado lalinense. El secretario estuvo representado por Víctor Vázquez-Portomeñe Seijas.
La letrada indicó al juez que entre esta semana y la que viene aportará los escritos de alegaciones y complementará la documentación en relación con la unidad de obras, la valoración y los acuerdos adoptados en su día.
Los trabajos fueron ejecutados con cargo al segundo plan E y en ellos se incluyen la construcción de aceras en Castro, equipamiento en la plaza de Sixto y muros y pavimentación en la plaza de la iglesia de O Sixto. El alcalde apuntó que la obra de la plaza recibió una subvención de 50.000 euros por parte del Estado.
Campos y su letrada defienden que las obras pasaron todos los tramites administrativos pertinentes que, en el caso del plan E, recuerda, eran especialmente «pejigueros». El alcalde destacaba que la corporación realizó todos los pasos que le indicaron los técnicos y atendiendo a los correspondientes informes. Insistió en que «las obras están ahí y se pueden ver» y que todo el dinero se invirtió en ellas contestando a la posibilidad de que se le pudiera acusar de quedarse con dinero que «yo no lo necesito». La abogada de Campos cree que «de fondo no hay nada» y señaló que va a presentar toda la documentación necesaria para colaborar con la investigación judicial de forma muy rápida.
Campos aludió a posibles incumplimientos por parte de los contratistas del pliego de cláusulas administrativas en la contratación de un número de trabajadores que podrían haber sido alguno menos de los estipulados en un plan que tenía como objetivo incentivar el empleo.
Posible prescripción dado que ya transcurrieron seis años
No obstante, dado el tiempo transcurrido, una de las primeras actuaciones de la abogada del regidor será mirar si el asunto puede estar prescrito. Explica que «no es la primera vez que llega al Juzgado algún asunto que lo está». Con ello quieren ahorrar tiempo y dinero a la Administración en el caso de que se pueda estar llevando a cabo un procedimiento que no vaya a ninguna parte. A principios de marzo del 2010 el Ministerio de Política Territorial daba luz verde a nuevos proyectos del plan E. Dos para Lalín, uno de 20.000 euros para el programa Coñece outras culturas, y uno de 10.000 euros para Circuitos culturais no rural. Cuatro para Dozón. Uno de equipamientos en la plaza de la iglesia de O Sixto por 49.201 euros; muros y pavimentación en esa plaza por 50.941 euros; aceras en Castro Dozón por 48.989 euros y otra pavimentación por un montante de 52.3870 euros, además de tres obras en Agolada de saneamiento en Eidián (66.397 euros), Berredo (47.162 euros) y Gurgueiro (56.722) euros y una actuación junto a la muralla en Rodeiro (70.370 euros).
Pendientes de acudir el entonces arquitecto municipal y tres ediles de la junta
Ayer junto con el alcalde y el secretario también había sido llamado a declarar el entonces arquitecto municipal, Jorge La Fuente. Al parecer, según explicó ayer el regidor y su letrada, este tenía un viaje y solicitó la suspensión al juzgado para ayer al encontrarse fuera.
Quedan también por ser llamados a declarar ante la autoridad judicial en relación a este asunto otras tres personas que entonces eran ediles del Concello de Dozón y miembros del grupo de gobierno del Partido Popular.
Su comparecencia como investigados viene motivada por su participación en los acuerdos adoptados en junta de gobierno por unanimidad en los que se acordó la realización de las obras y otras actuaciones relacionadas con estos proyectos, su ejecución y su justificación. Se trata de José Adonis Rodríguez González, José Pousa Guerra y Raquel Rodríguez Marañis.