Derriban 22 edificios en una década por irregularidades urbanísticas
A ESTRADA
La mayoría de las construcciones demolidas en la zona por orden de la Xunta corresponden a Vila de Cruces, con nueve, y a A Estrada, con siete
03 sep 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El derribo en estas últimas semanas de las torres de O Garañón en Lugo ponía en el foco la situación de edificios en una situación urbanística irregular y que terminaron cayendo por la piqueta. En Deza y Tabeirós-Terra de Montes se detectaron durante la última década numerosos inmuebles que incumplían la normativa, aunque en ningún caso de la relevancia y con las connotaciones del macroesqueleto derribado en la capital lucense. Sobre todo se corresponde con construcciones fuera de ordenación en el ámbito rural, desde galpones a alguna que otra vivienda sin rematar, así como ampliaciones de las ya existentes. Y no falta alguna curiosidad, como la presencia de una autocaravana.
Entre el 2013 y el 2022 fueron un total de 22 las edificaciones de todo tipo que se demolieron en las comarcas tras constatarse alguna irregularidad denunciada ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), reponiéndose la parcela a la situación anterior a que se asentarse una construcción o módulo prefabricado. Durante esos diez años, de esos 22 casos contabilizados por este departamento dependiente de la Xunta, la mayoría se detectaron en Vila de Cruces, con nueve, mientras fueron siete en A Estrada y dos en Rodeiro, Agolada y Cerdedo-Cotobade respectivamente. La APLU no actuó en los otros cuatro concellos de la zona, es decir, en Lalín, Silleda, Dozón y Forcarei.
Si evaluamos año por año, el 2022 lideró la demolición de construcciones con irregularidades urbanísticas en Deza y Tabeirós-Terra de Montes, con seis, mientras fueron cuatro tanto en el 2019 como el 2018, con tres en el 2021 y el 2017, junto con una tanto en el 2015 como el 2016. La estadística difundida por la APLU establece que no hubo ninguna actuación de estas características en las comarcas ni en el 2013 ni en el 2014 ni en el 2020, este ejercicio con reducción de las inspecciones por el impacto de la pandemia del coronavirus.
Récord en el 2022
El pasado año de esas seis demoliciones, dos correspondieron a A Estrada, con dos construcciones para uso residencial levantadas en suelo rústico. Por ese mismo motivo se derribaron otras dos en Vila de Cruces, una de ellas con tan solo el semisótano levantado. Además, se erradicó un cobertizo levantado para uso de garaje en Rodeiro, así como un edificio de planta baja con solera en Agolada, que se irguió en su momento en suelo no urbanizable.
En el 2022 se duplicaron las demoliciones respecto a un 2021 en el que habían sido tan solo tres, dos de ellas en el municipio de Vila de Cruces. En un caso para tirar un garaje ubicado en suelo no urbanizable, mientras el otro correspondió a una terraza destinada a hostelería que incumplía la normativa al crearse en un núcleo rural tradicional. Se sumó el derribo de una casa para uso residencial en A Estrada, en suelo rústico de protección agropecuaria.
En el 2020 no hubo acciones de la APLU en la zona, mientras fueron cuatro en el 2019. Ese año fue el caso más curioso al atenderse una denuncia particular por la instalación de una caravana convertida en casa en Cerdedo-Cotobade pero emplazada en suelo rústico. Se sumaron dos casos en Vila de Cruces, por sendas edificaciones para uso residencial en terrenos no urbanizables, y otro en A Estrada, por el mismo motivo, emplazada la construcción en terrenos calificados como suelo rústico con protección agropecuaria.
En esa misma línea se movieron las actuaciones de este organismo autonómico entre el 2015 y el 2018, con nueve casos en la zona. En su mayoría construcciones residencias fuera de ordenación, aunque también se detectaron casetas prefabricadas emplazadas sin cumplir la normativa urbanística en vigor en ese municipio.
El único concello de las comarcas que está adherido en la actualidad a la APLU es Forcarei
En las dos comarcas tan solo hay un concello que esté adherido en la actualidad a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. En concreto se trata de Forcarei, que rubricaba en el 2011 el convenio con la APLU, para firmarse una adenda con más competencias para este organismo en el 2020 tras la entrada en vigor de la nueva Lei do Solo de Galicia. Los otros ocho municipios por el momento declinaron sumarse a una entidad dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, a la que se le atribuyen competencias en materia de disciplina en suelo rústico sobre todo el territorio gallego. A ellas se suman las delegadas por los concellos, como en el caso forcaricense.
Durante el pasado año la APLU ordenó un total de 137 reposiciones de la legalidad urbanística en todo el territorio de Galicia, entre ellas las seis citadas en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Del total, la mayoría de los casos corresponden a la provincia de Pontevedra, con el 65 %. El organismo ejecutó cerca de 1.500 expedientes por irregularidades urbanística de todo tipo durante esta década.