UGT inició una ronda de visitas a los juzgados para mantener encuentros con los trabajadores e informar en las villas a las asociaciones de vecinos
12 abr 2014 . Actualizado a las 08:00 h.A las airadas voces de los profesionales del Derecho se unieron las de los sindicatos de Justicia que iniciaron nuevas campañas de protesta contra el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde UGT, sus responsables arrancaron una ronda de visitas a los diferentes partidos judiciales a fin de mantener encuentros con los trabajadores de los palacios de justicia, escuchar sus reivindicaciones y, de paso, pedir a los alcaldes de cada una de las zonas afectadas por la posible desaparición de partidos judiciales y juzgados, como podría ser el caso de los de Lalín y A Estrada, que plasmen su apoyo en acciones concretas y no solo hablen.
La central UGT se queja de que llevan dos años trabajando para evitar los que ahora ya es un anteproyecto de ley. Por su parte, los delegados de la junta de personal que dimitieron de Comisiones Obreras en febrero crearon la página Alternativas Xustiza para dar a conocer sus denuncias.
Los sindicatos advierten de que la aplicación de la ley que promueve Gallardón supondría dejar vacíos sin contenidos a los juzgados de Instrucción de los partidos judiciales como Lalín y A Estrada, ya que serían los tribunales de Primera Instancia ubicados en las capitales de provincia los que asumirían las competencias actuales de los juzgados.
UGT cifra en 38 los funcionarios que la Administración de Justicia posee en las comarcas. Una lista en la que se incluyen los de las sedes judiciales de Lalín y A Estrada y los que desempeñan su labor en los juzgados de paz de Forcarei, Vila de Cruces y Silleda. Eso sin contar los juzgados de paz de los otros cuatro concellos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, donde prestan servicios funcionarios municipales.
Desde el sindicato se apunta que «según la estadística del Consejo General del Poder Judicial se tramitan en ellos unos 6.468 asuntos tanto civiles como penales dando una medida para cada uno de los cuatro juzgados existentes de 1.617 asuntos, siendo el módulo de registros de asuntos según el CGPJ de entre 1.400 y 1.500 asuntos anuales para los juzgados mixtos». UGT considera que las modificaciones como la de otorgar la instrucción a los fiscales unidas a otras de carácter laboral como el incremento de la jornada de trabajo de los funcionarios, la limitación de la carrera profesional y la disminución de plazas dan como resultado «un ERE encubierto» subrayando la necesidad que tendrán muchos funcionarios de desplazarse.